Informe se
notificó al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
La Contraloría General detectó
irregularidades en el procedimiento de contratación para la ejecución de la
obra del río Ica y la quebrada Cansas-Chancajalla, evidenciando que el comité
de selección no admitió las ofertas de postores que cumplieron con los
requisitos y otorgó la buena pro y se suscribieron contratos con consorcios
que no acreditaron, ni cumplieron con la totalidad de los requerimientos
exigidos en las bases.
El proceso de
Licitación Pública N° 001-2019-GORE-ICAPETACC/CS - primera convocatoria fue
ejecutado por el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) con un presupuesto
ascendente a S/ 66 405 526,81.
El Informe de
Auditoría de Cumplimiento N° 30542-2021-CG/GRIC-AC, reveló que el comité de
selección no admitió la oferta de postores que cumplieron con presentar todos
los documentos para la admisión de sus ofertas argumentando que no se detalló
la moneda de la propuesta económica como lo requieren las bases y se
descalificó en la evaluación técnica a otros postores pese a cumplir con los
requisitos exigidos.
Se comprobó, además, que los ganadores de la
buena pro presentaron un documento que no corresponde a una carta de línea de
crédito, el cual, además, fue emitido por una empresa de seguros que no
estaba autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para
realizar operaciones crediticias. Además de no cumplir con presentar otros
documentos necesarios.
El informe determinó que el PETACC afectó la
transparencia, imparcialidad, e integridad con las que deben regirse las
contrataciones del Estado, así como limitó la evaluación y elección de ofertas
más ventajosas. Por estos hechos, se identificó presunta responsabilidad
penal y/o administrativa de cinco exfuncionarios.
Los resultados
del servicio de auditoría de cumplimiento -que comprendió el periodo del 5 de
setiembre al 16 de octubre de 2019- fueron notificados al jefe del Proyecto
Especial Tambo Ccaracocha para el deslinde de las responsabilidades
administrativas que correspondan, y a la Procuraduría Pública Especializada
en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales
respectivas.
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