- Se verificará si municipios cumplen normas de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores
- Además se revisará si se cumplen normas sobre promoción y regulación del uso de la bicicleta
La
Contraloría General de la República espera concretar la participación de 40,000
estudiantes de instituciones públicas y privadas de secundaria a nivel nacional
en las veedurías escolares que se realizarán hasta el 30 de setiembre como
parte del programa “Auditores Juveniles”, y que se enfocarán en las materias de
“Accesibilidad y Ciclovías”.
La
veeduría escolar sobre “Accesibilidad y Ciclovías” tiene por objetivo
identificar si las municipalidades promueven y supervisan el cumplimiento de
normas de accesibilidad para la persona con discapacidad y personas adultos
mayores en el entorno urbano y las edificaciones de su jurisdicción.
Asimismo,
se encargarán de verificar si se vienen cumpliendo las normas sobre la
promoción y regulación del uso de la bicicleta como medio de transporte
sostenible y eficiente en el uso de la capacidad vial y en la preservación del
ambiente.
Las
veedurías escolares se desarrollan en el marco del convenio de cooperación
interinstitucional, suscrito en diciembre de 2019, entre la Contraloría y el
Ministerio de Educación, con el objeto de contribuir a fortalecer el ejercicio
ciudadano, el compromiso social y la lucha contra la corrupción, en el marco de
los documentos curriculares vigentes. Con esta iniciativa se busca aportar al
Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.
En
el actual escenario de pandemia, las veedurías escolares se realizan de manera
virtual, y están dirigidas a estudiantes de primero a quinto nivel de secundaria
de las instituciones educativas públicas y privadas, contando con el apoyo de
los padres de familias.
Por
su parte, el objetivo del Programa “Auditores Juveniles” de la Contraloría es
promover valores éticos, cívicos e impulsar una cultura democrática y de
integridad en las y los estudiantes del nivel secundario de las instituciones
educativas públicas y privadas a nivel nacional; a fin de contribuir al
fortalecimiento del control social y fomentar el buen uso de los bienes y
servicios públicos, como una medida preventiva en la lucha contra la
corrupción.
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