- Infraestructura tiene como fin proteger a la ciudad de Ica y zonas agrícolas del riesgo de desbordes e inundaciones
Ica. - La Contraloría General de la República
identificó perjuicio económico de S/ 2 016 928,65 en la ejecución del ítem III
de la obra del río Ica y la quebrada Cansas-Chancajalla, por irregularidades en
la aceptación, renovaciones y ejecución de carta fianza por concepto de
adelanto directo.
Esta obra,
formada por cinco ítems, tiene como objetivo proteger a la ciudad del riesgo de
desbordes e inundaciones, representa una inversión de más de S/ 200 millones y
está a cargo del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC).
Según el Informe
de Auditoría de Cumplimiento N° 17502-2021-CG/GRIC-AC, reveló el pago de más de
S/ 2 millones de adelanto directo a contratista que presentó una carta fianza
emitida por una entidad financiera que no cumplía con la clasificación de
riesgo ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre otras
observaciones generando un perjuicio de más de 2 millones de soles.
Ello afectó el normal funcionamiento de la administración pública, así como los principios de probidad e idoneidad con los que deben actuar los servidores públicos. Por estos hechos, se reveló que el actual director de la oficina de administración, el director de la oficina de asesoría jurídica y los exfuncionarios que ocuparon el cargo de jefe de proyecto, jefe de la unidad de abastecimiento y ser-vicios auxiliares, tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa.
Esta obra
comprende la ampliación del cauce, diques y revestimiento, encauzamiento de
concreto, estructuras especiales y la reconstrucción de los puentes Grau, San
Juan, Socorro y Cutervo, con el objetivo de garantizar la vida y el patrimonio
público y privado de los habitantes de distritos como La Tinguiña, Parcona, Los
Aquíjes, entre otros. Además de evitar el colapso de la actividad económica en
el valle medio del río Ica, debido a los desbordes e inundaciones.
El informe fue
notificado al titular del PETACC para el deslinde de las responsabilidades
respectivas, y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la
República para el inicio de las acciones legales que correspondan.
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