miércoles, 10 de marzo de 2021

Defensoría del Pueblo: solo 4 % del presupuesto asignado se destina para estudiantes con discapacidad en la educación básica regular

 

•PANDEMIA PROFUNDIZA BRECHAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CON OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS

Antes de la emergencia sanitaria el Perú ya enfrentaba una serie de desafíos en el acceso a la educación para los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales. La Defensoría del Pueblo advierte que esta situación se agravó con la pandemia que ha evidenciado múltiples barreras en el acceso, permanencia y participación de estos estudiantes.

 Al respecto, Malena Pineda, jefa del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad manifestó que la estrategia de educación no presencial no consideró, desde su implementación, a la diversidad de estudiantes. En ese contexto, se emitió el Informe “El Derecho a la Educación Inclusiva en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19” para determinar los alcances y limitaciones en el servicio educativo no presencial para estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas especiales en la Educación Básica.

El documento recoge información de diversas supervisiones realizadas en las que se identificó que los docentes no contaban con orientaciones precisas para identificar las barreras que presentaban los estudiantes con necesidades educativas especiales. Asimismo, los estudiantes con discapacidad auditiva fueron uno de los grupos más afectados, ya que hubo insuficiente asignación de intérpretes de Lengua de Señas Peruana, falta de intérpretes calificados, inexperiencia de docentes para interactuar con estudiantes sordos y con intérpretes, falta de información accesible en la plataforma “Aprendo en casa” y la falta de coordinación entre docente e intérprete.

La Defensoría del Pueblo señala que si bien durante el año escolar 2020 se realizaron algunas acciones para corregir ciertas omisiones, como la ausencia de intérpretes de lengua de señas en los programas de “Aprendo en casa”; sin embargo, muchas familias se quejaron por la falta de personal docente especialista en educación inclusiva, falta de adaptación de la plataforma de aprendizaje de educación a distancia, entre otros problemas. 

 Cabe señalar que, de acuerdo al Censo 2017, existen 756 499 personas con discapacidad en edad escolar (0-29 años), no obstante, la cantidad de estudiantes con discapacidad registrados el año pasado de acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu) fue de 83 221 en alguna modalidad de educación básica y técnico productiva, con lo cual la brecha de personas con discapacidad que no accede a la educación equivale al 88,9 % de esta población.

El informe también señala que del porcentaje de estudiantes con discapacidad que sí accedió a la educación, un 70,32 % estaba matriculado en la Educación Básica Regular. A-demás, detalla que el presupuesto que se destina para la atención de estos estudiantes equivale a apenas al 4,1 % del Programa Presupuestal 106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva”.

“Esta desproporción constituye una vulneración al derecho a la educación y revela que la educación inclusiva no es un asunto de interés público. Por ello, la Defensoría del Pueblo reitera la recomendación dirigida al Minedu y al MEF de aprobar un Programa Presupuestal para la Atención a la diversidad de niñas, niños y jóvenes en la Educación Básica Regular”, manifestó la representante de Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la institución hizo un llamado al Minedu y a las direcciones regionales de educación a garantizar que los estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas (por déficit de atención, hiperactividad, dislexia, discalculia y otros) tengan acceso a una educación inclusiva de calidad, gratuita y en igualdad de condiciones mediante la reformulación de las estrategias educativas.

En esa línea, se exhortó al Minedu a brindar asistencia a las direcciones regionales de educación y a las unidades de gestión educativa local con la finalidad de que incorporen y desarrollen el enfoque de discapacidad en sus instrumentos de gestión y brinden asistencia técnica a las instituciones educativas públicas y privadas de manera pertinente y oportuna.

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