SE RECORDÓ A ENTIDADES SU ROL EN IMPEDIR QUE
SE EXIJA COBROS POR MATRÍCULAS Y PROCESOS QUE SON GRATUITOS
Al
encontrarnos en el periodo previo al inicio de año escolar 2021, la Defensoría
del Pueblo instó a los gobiernos regionales a fiscalizar el derecho a la
gratuidad de la educación y el acceso a este servicio en igual-dad de
oportunidades durante el proceso de matrícula que viene desarrollándose en
todas las instituciones educativas públicas.
El pedido formó parte de las recomendaciones
dirigidas a los 25 gobiernos regionales, en las que se recordó las competencias
que tienen en garantizar el derecho a la educación y la adecuada prestación del
servicio educativo en cada una de sus jurisdicciones. En ese sentido, se precisó
que las instituciones educativas públicas no deben efectuar cobros, requerimientos
ni condicionamientos de ningún tipo, ni pedir a las familias documentos o requisitos
no establecidos en las normas.
En los documentos dirigidos a las autoridades
regionales, se indicó que la Ley General de Educación establece que la
Dirección Regional de Educación (DRE) es responsable del servicio educativo en
el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. A su vez, que la Unidad
de Gestión Educativa Local (UGEL) debe garantizar la continuidad del servicio
educativo y del desarrollo del proceso pedagógico.
Por ello, a fin de garantizar las condiciones
óptimas para el buen inicio y desarrollo del año escolar, se recomendó a los
gobiernos regionales que, a través de las DRE y las UGEL, efectúen las acciones
para asegurar la disponibilidad del personal docente y de los materiales
educativos para las y los estudiantes de educación básica.
Respecto a la contratación del personal
docente, se recomendó que las UGEL realicen oportunamente el proceso de contratación
para cubrir las más de 110 000 plazas que se encuentran vacantes en los
colegios públicos de educación básica.
Asimismo,
que se cumpla con distribuir los materiales educativos a los distintos planteles
mediante le ejecución de los más de 51 millones de soles que han sido asignados
para la contratación de servicios de transporte de materiales.
Alicia Abanto, adjunta de Administración
Estatal de la Defensoría del Pueblo, hizo un llamado también a que los procesos
de matrícula y enseñanza que se desarrollen de manera virtual en las regiones
consideradas en nivel de alerta extrema por sus altos índices de contagios de
COVID-19, no excluyan a la población de zonas rurales o de difícil acceso a los
servicios de internet y telecomunicación, así como en condiciones de pobreza y
pobreza extrema.
Asimismo, indicó que la Defensoría del Pueblo
ha solicitado a los 25 gobiernos regionales que, antes del 15 de marzo, fecha
de inicio del año escolar, informen sobre el desarrollo y culminación de los
procesos de matrícula, contratación docente y distribución de materiales
educativos en las instituciones educativas públicas ubicadas dentro de sus
respectivos ámbitos territoriales.
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