EMPEZARÁ
A FUNCIONAR A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO Y DEPENDERÁ ADMINISTRATIVA Y
FUNCIONALMENTE DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Ante
la aparición de nuevas tecnologías y herramientas digitales que, si bien han
significado una ventaja para la sociedad, también han posibilitado la aparición
de los delitos informáticos, el Ministerio Público dispuso el viernes, la
creación de una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, con
competencia nacional, que dependerá administrativa y funcionalmente de la
Fiscalía de la Nación.
Esta
unidad fiscal, que empezará a funcionar a partir del 15 de febrero de 2021,
brindará un tratamiento especializado y un acompañamiento técnico a los
fiscales en la indagación de los delitos informáticos –que se han incrementado
en los últimos tiempos, especialmente durante la pandemia del COVID-19 y en
casos en los que la obtención de prueba digital sea determinante para la
investigación.
También
deberá unificar criterios en los procedimientos y métodos de investigación en
materia de ciberdelincuencia, promover la articulación entre el Ministerio
Público y la Policía Nacional, coordinar con las redes internacionales
(CiberRed, RedCoop, AIAMP), absolver consultas y emitir informes sobre la
materia, entre otras funciones.
El
Ministerio Público tomó esta decisión en virtud del informe emitido por la
comisión encargada de evaluar la creación de una fiscalía piloto en esta
materia y que consideró necesaria una Unidad Especializada en Ciberdelincuencia
que dependa de la Fiscalía de la Nación.
De
acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la nueva
unidad estará a cargo de la fiscal superior titular del Distrito Fiscal de
Lima, Aurora Castillo Fuerman; en tanto, los abogados Ana Gómez Palacios y
Ángel Gonzales Farfán fueron nombrados fiscales adjuntos superiores provisionales
del Distrito Fiscal de Lima adscritos a la Unidad Fiscal Especializada en
Ciberdelincuencia.
Cabe
resaltar que la ciberdelincuencia es un fenómeno que quebranta la protección de
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y
datos informáticos, así como los derechos de las personas frente al abuso de
estos.
En
2019, el Perú suscribió y ratificó el Convenio de Budapest o Convenio sobre la
Ciberdelincuencia, con el cual asumió el compromiso de llevar adelante una
lucha frontal y efectiva contra este delito y la necesidad de mantener una
cooperación internacional en materia penal, la misma que debe ser materializada
por el órgano persecutor del delito.
Según
el reporte emitido por la Oficina de Racionalización y Estadística del
Ministerio Público, entre el 2013 y julio de 2020 el 42% de los delitos
informáticos fueron contra el patrimonio.
Y
según un reporte de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad
del Ministerio Público, los distritos fiscales con mayor incidencia delictiva
son Lima, Lima Norte, Arequipa, Lima Este, La Libertad y Lambayeque.
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