DESDE
EL LUNES 4 DE ENERO, LAS EMPRESAS PRESTADORAS PODRÁN EFECTUAR EL CIERRE DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO POR DEUDAS IMPAGAS
La Defensoría del Pueblo advierte que,
habiendo transcurrido más de diez meses de declarada la emergencia nacional,
existe el riesgo de afectar el derecho de la población al acceso al agua, si
desde el Poder Ejecutivo no se empieza a implementar medidas complementarias,
que garanticen la continuidad del fraccionamiento de pagos por el servicio de
saneamiento, la sostenibilidad de los prestadores del servicio y la dotación
gratuita de agua en casos de especial vulnerabilidad.
Al
respecto, la entidad informó que a partir del 4 de enero del 2021 [hoy], las
empresas prestadoras de servicios de saneamiento podrán efectuar el cierre del
servicio de agua a los usuarios que no hayan pagado dos a más facturaciones mensuales
vencidas o un crédito derivado de un convenio de pago, según lo dispuesto por
la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNASS-CD. No obstante que esta
medida no será aplicable a los usuarios sociales y domésticos beneficiarios de
subsidios foca-lizados en 12 empresas de saneamiento, así como a aquellos
usuarios domésticos cuyos consumos son menores o iguales a los 50 m3 en
empresas que no aplican este tipo de subsidios, la entidad afirmó que un porcentaje
importante no comprendidos en ambos supuestos, como usuarios que vienen atravesando
problemas económicos y aquellos usuarios de las categorías comercial, estatal e
industrial, podrían verse perjudicado con la medida.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo resaltó
que durante la pandemia el sector eléctrico ha recibido subsidios indirectos
tras la aplicación del Bono de Electricidad, el cual ayudó a un sector de la
población en el pago de las deudas generadas durante el periodo de paralización
económica, otorgando al mismo tiempo liquidez a las empresas eléctricas. En ese
sentido, la Defensoría del Pueblo señaló que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento debe impulsar la aprobación de un bono para el
sector saneamiento, que permita atenuar los pagos por el consumo de agua de
aquellas familias en mayor condición de vulnerabilidad.
En este contexto, la entidad señaló que
supervisará a las empresas de saneamiento que decidan iniciar el corte de los
servicios de saneamiento, a efectos que cumplan previamente con informar a los
usuarios las mensualidades o las cuotas de fraccionamiento pendientes de pago,
el monto adeudado de forma desagregada y los mecanismos de financiamiento
-número de cuotas en que se podría fraccionar la deuda, las tasas de interés,
los medios para solicitar el beneficio y los canales de pago disponibles-, de acuerdo
a las disposiciones establecidas por el organismo regulador, a fin de evitar
una grave afectación a la ciudadanía en el acceso al servicio básico de agua
potable.
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