De
autoridades regionales y municipales sometidas a la consulta popular
HASTA
EL 12 DE FEBRERO, PROMOTORES PODRÁN SOLICITAR AL RENIEC VERIFICAR FIRMAS DE
ADHERENTES QUE RESPALDAN SU PEDIDO
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE), presidido por Jorge Luis Salas Arenas, aprobó el cronograma electoral
para la revocatoria de autoridades regionales y municipales del periodo
2019-2022 que serán sometidas a la consulta popular a llevarse a cabo el 10 de
octubre próximo.
Dicha
fecha se desprende de la Resolución N°0166-2020-JNE, la cual amparada en la Ley
N° 26300 postergó por cuatro meses el proceso electoral inicialmente previsto
para junio de este año, en vista de su cercanía con las Elecciones Generales
2021 y de una eventual segunda vuelta de estos comicios.
El
citado cronograma, aprobado por Resolución N°0094-202-JNE, establece el 12 de
febrero próximo como fecha límite para que los promotores de la consulta
popular puedan remitir al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(Reniec) las solicitudes para la verificación de las firmas de adherentes que
respaldan el pedido de revocatoria.
Una vez efectuado este trámite, se tiene hasta
el 15 de marzo de este año para presentar las solicitudes de revocatoria a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la cual evaluará el
cumplimiento de los requisitos teniendo hasta el 14 de abril para resolver al
respecto.
Seguidamente,
según indica la mencionada línea de tiempo, el JNE convocará a la consulta
popular el 12 de julio próximo en las circunscripciones donde los promotores de
la consulta cumplan con los requerimientos legales.
En
lo referido al padrón de electores que intervendrán en el proceso, se señala
que este será aprobado por el JNE el 27 de julio, luego de que el Reniec haya
remitido la lista inicial de votantes (19 de febrero) y la haya publicado
(entre el 26 y 30 de junio).
Estos
electores decidirán en las urnas, el 10 de octubre de este año, la continuidad
en el cargo o no de los alcaldes, regidores, gobernadores, vice-gobernadores y
consejeros regionales sometidos a la evaluación popular.
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