• Señaló que espera que la Mesa Directiva
priorice los proyectos pendientes sobre expansión del control concurrente y la
restitución de la potestad sancionadora de la Contraloría para consolidar la
referida reforma.
El Contralor General de la República, Nelson
Shack Yalta, sostuvo el martes una reunión de trabajo con la presidenta del
Congreso de la República, Mirtha Vásquez, con el propósito de renovar el
compromiso de la institución parlamentaria para impulsar la reforma del Sistema
Nacional de Control, que ha quedado pendiente por parte del Legislativo.
“Tenemos pendiente, por lo menos, dos
iniciativas legislativas que resultan impostergables para asegurar la
consolidación de la reforma del Sistema Nacional de Control: la expansión del
control concurrente a nivel nacional a todo contrato y la restitución de la
potestad sancionadora de la Contraloría, para combatir la impunidad”, señaló el
contralor.
Shack Yalta precisó que la consolidación de
la referida reforma convoca el mayor de los compromisos posibles por parte de
la clase política y del propio Ejecutivo, puesto que la lucha efectiva contra
la corrupción depende también de que la Contraloría pueda intervenir
oportunamente, acompañando a los gestores y sancionando de manera efectiva a
los funciona-rios y/o servidores que cometen irregularidades o actos de
corrupción.
Asimismo, mencionó como otra tarea pendiente
la implementación de la carrera del auditor que haría posible la mejora de sus
competencias o habilidades profesionales.
La iniciativa legislativa para la expansión
del modelo de control concurrente a todo tipo de contratos a nivel nacional
tiene como finalidad asegurar que los recursos públicos sean ejecutados
cumpliendo con las normas y que los funcionarios actúen correctamente.
En tanto, desde el año pasado quedó pendiente
de revisión por parte del pleno del Congreso el dictamen del proyecto de ley
presentado por la Contraloría donde se tipifican las conductas infractoras
materia de responsabilidad administrativa funcional y, de esa manera, restituir
en la práctica la potestad sancionadora (que fue reconocida constitucionalmente
por el Tribunal Constitucional, pero que dejó sin efecto la tipificación de la
infracción que debía ser aprobada por ley).
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