lunes, 12 de octubre de 2020

Sobre caso de feminicidio Defensoría del Pueblo pide a fiscalía de Palpa acelerar investigación

 HACE ECO DE PREOCUPACIÓN DE LA FAMILIA DE QUE PRESUNTO AUTOR SALGA LIBRE AL VENCER PLAZO DE PRISIÓN PREVENTIVA

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica requirió al Ministerio Público interponer las medidas que sean necesarias para impedir que salga en libertad la persona acusada del crimen de una mujer en la provincia de Palpa, hecho ocurrido el pasado 27 de enero de este año.

   También pidió agilizar las investigaciones contra el imputado, a fin de que sea condenado con la máxima sentencia en el más breve plazo.

En el documento dirigido a la Fiscalía Provincial Mixta de Palpa, la citada Oficina Defensorial trasmitió el temor que existe en la familia de la víctima ante la posibilidad de que el presunto autor del feminicidio pueda quedar en libertad el próximo 26 de octubre, cuando de venza el plazo de nueve meses de prisión preventiva que le fue impuesto en su contra.

Según se explicó, el crimen de la mujer de 34 años ocurrió en una discusión con su entonces pareja.

En este proceso, el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia de Nasca impuso nueve meses de prisión preventiva contra el  imputado; cuyo periodo está por culminar y la familia de la víctima tiene el temor de posibles represalias.

En ese sentido, en el documento remitido al citado des-pacho fiscal se recordó también la obligación que tienen las autoridades judiciales de actuar con la máxima celeridad para investigar y sancionar cualquier caso de violencia hacia las mujeres.

“Desde la Defensoría del Pueblo advertimos que un cambio en la condición del imputado podría ocasionar un riesgo procesal, afectando a las y los deudos de la víctima que esperan que se aplique justicia”, sostuvo Jorge Hernández, representante de la institución en Ica al pedir la máxima celeridad en este caso.

En otra parte del documento, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica recordó que la Corte Suprema de Justicia de la República emitió en el 2018 una resolución en la que se establece que los jueces y fiscales deben dar prioridad y cumplimiento estricto a los plazos dentro de los procesos judiciales relacionados con los delitos de violación sexual, violencia familiar.

 

 

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