Se trata de una antigua propuesta planteadas por el JNE
❖ SE PLANTEA CANCELAR A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE RECIBAN
FINANCIAMIENTO QUE PROVENGAN DE CONDENADOS POR CORRUPCIÓN EN PARALELO A LA
DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD
Las sanciones políticas frente a las infracciones de las reglas
del financiamiento de las organizaciones políticas es una de las propuestas que
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha venido planteando ante el Congreso de
la República desde hace varios años, como se puede corroborar con las distintas
versiones del proyecto de Código Electoral.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona
Postigo, recordó que el proyecto de Código Electoral plantea que las
organizaciones políticas que reciban financia- miento de personas condenadas
por delitos contra la administración pública (que incluye a la corrupción) sea
considerada una infracción muy grave la cual podría llevar a la cancelación de
dicha organización política.
La propuesta que plantea el proyecto 2513/2017-CR implica la
modificación del artículo 14 de Ley de Organizaciones Políticas (LOP); por lo
que se requeriría mejorar la redacción de la misma, de tal forma que la
declaratoria de ilegalidad de una organización política se realice en un
proceso judicial breve y eficaz.
Por ello resultaría más eficaz e inmediato estudiar la inclusión
como causal de cancelación de una organización política el haber recibido
financiamiento fuente prohibida; en tanto se trataría de una sanción
administrativa aplicada en primera instancia por el ROP y luego en segunda
instancia por el Pleno del JNE. Aquí el Dr. Ticona resaltó que la declaratoria
de ilegalidad es un proceso distinto a la cancelación de organizaciones
políticas, la cual se desarrolla en el artículo 13 de la LOP, en tanto tiene
efectos adicionales como la imposibilidad de reinscripción y el cierre de todos
sus locales a nivel nacional.
En ese sentido, el Dr. Ticona planteó la posibilidad de que
pudiese considerar el desarrollo de ambas medidas en paralelo, de tal forma que
se pueda contar con herramientas eficaces para luchar contra la influencia del
dinero proveniente de la corrupción sobre las organizaciones políticas,
evitando que una organización política que reciba esta clase de financiamiento
continúe actuando en el sistema de partidos.
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