Tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 en el
Perú, muchos negocios y empresas se han visto seriamente afectados, por lo que
el Gobierno tomó medidas y decisiones comprometiendo los fondos públicos con el
fin de atender y reducir el impacto económico en nuestro país. En esa línea, la
Contraloría General, conforme a la Ley 31016, cumple el rol de velar por el
buen y correcto uso de los recursos del Estado a través del control simultáneo
y, en consecuencia, la implementación de la Estrategia de Control Integral a la
Emergencia Sanitaria COVID-19.
Con la publicación del Decreto Legislativo N°
1455, se creó el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para la Continuidad
en la Cadena de Pagos – “Reactiva Perú” y desde la Contraloría se han efectuado
diversos servicios de control a este programa, creado con un presupuesto
inicial de S/ 30 000 millones para promover el financiamiento de la reposición
de fondos de capital de trabajo a empresas que enfrentan pagos y obligaciones
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores. Posteriormente, el presupuesto
se incrementó a S/ 60 000 millones.
Con esta iniciativa, al mes de junio, en la
primera fase de ejecución del programa, más del 50% de los beneficiarios eran
micro empresas y casi el 40% eran pequeñas empresas, quienes habrían recibido
3.6% y 23.6% del monto asignado al programa, respectivamente.
En el informe de gestión, que ha publicado
recientemente la Contraloría General, a los 100 días de implementada su estrategia
de supervisión del uso de fondos públicos, “El control en tiempos de COVID-19”,
se evidencia que se han emitido cuatro informes de control que exponen
oportunidades de mejora y recomendaciones para garantizar la continuidad y logro
de los resultados de los programas de reactivación económica. Mediante Informe
Previo N° 00004-2020-CG/ECOFI, la Contraloría recomendó establecer un sistema
de coordinación, supervisión y seguimiento sobre la implementación integral del
programa y se advirtió que el riesgo de default crediticio permanece debido a
la morosidad y a la capacidad de recuperación decréditos impagos por parte de las
Empresas del Sistema Financiero (ESF). A través de la Orientación de Oficio N°
012-2020-OCI/0001-SOO, se advirtió que el programa no excluye de su alcance a
empresas que se acogieron a la suspensión perfecta de labores; que se están
incluyendo como beneficiarios a empresas vinculadas a las ESF; y que no se
consideraron mecanismos para calcular número y tipo de empresas beneficiarias
para la aplicación del programa. Mientras que en la Orientación de Oficio N°
005-2020-OCI/0014-SOO identificó que en la lista de beneficiarios hay empresas
con RUC inválidos; existe la necesidad de implementar controles automatizados a
través de la plataforma digital; y no se han definido procesos y competencias
para validaciones posteriores de beneficiarios a cargo de la Corporación
Financiera de Desarrollo (Cofide). En el Informe Previo N°0005-2020-CG/ECOFI se
recomienda que Cofide verifique el cumplimiento de las labores de las unidades
de auditoría interna de cada ESF sobre los créditos otorgados; incorporar
restricciones para las empresas que aplican suspensión perfecta y se priorice
el préstamo a empresas con mayor riesgo; y que valoren la necesidad de que se
priorice el financiamiento a microempresas.
Programa FAE-MYPE
En simultáneo, el Ejecutivo impulsó, mediante
el Decreto de Urgencia N° 029-2020, la creación del Fondo de Apoyo Empresarial
a la Mype – “FAE-MYPE”, un programa orientado especialmente a las micro y pequeñas
empresas afectadas por la emergencia sanitaria por COVID-19, con un fondo inicial
de S/ 300 millones que posteriormente se incrementó en S/500 millones. Con esta
iniciativa, al mes de junio, más de 128,000 mypes se han beneficiado. Al
respecto, la Contraloría emitió el Informe de Orientación de Oficio N°
006-2020-OCI/0014-SOO a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en el
que advierte que la ausencia de una herramienta informática, que incluya el
desarrollo de controles con diseños adecuados para validar la información de
manera previa a efectuar los desembolsos y otorgamiento de las garantías,
generaría el riesgo de no realizar un adecuado control y seguimiento de los
créditos, además de aprobar operaciones y otorgar coberturas fuera de los
límites establecidos o respecto a beneficiarios que incumplan los criterios de
elegibilidad; afectando el cumplimiento de los objetivos del programa y
reduciendo el impacto esperado en la economía nacional.
Por ello, se advirtió la necesidad de
implementar controles automatizados a través de la plataforma informática denominada
Sistema FAE-MYPE que permite el registro masivo de las operaciones de las Entidades
del Sistema Financiero y las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú
(COOPAC), así como el control y seguimiento de los créditos.
Ante estas situaciones identificadas por la
Contraloría, se re-comendó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a
Cofide, tomar las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de Reactiva Perú, como es el de dar respuesta al problema de liquidez
que enfrenta la micro, pequeña, mediana y gran empresa por la coyuntura actual
que atraviesa el país.
Dato: Esta información forma parte del
informe de gestión “El control en tiempos de COVID-19”, que elaboró la Contraloría
con resultados obtenidos en los primeros 100 días de aplicada de Estrategia Integral
de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19.
0 comentarios:
Publicar un comentario