El registro de casos de violencia contra niños, niñas y
adolescentes, es todavía ineficiente, a pesar de ocurrir con mucha frecuencia y
afectarlos sobre manera, debido a ello es que se han realizado diversos
estudios, que nos permiten tener algunas ideas sobre la situación de violencia
en nuestro país. Dentro de las cuales tenemos la llevada a cabo por La Mesa de
Concertación para La Lucha Contra la Pobreza – MCLP, realizado en 12 Regiones:
“Situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”1, donde hacen referencia
a que los principales actores para la prevención de la violencia en las
familias deberían ser los padres, madres y APAFA con el 58%, el Sector
Educación con el 100%, el sector Salud 27%, el CEM 23%, DEMUNA 39%, Defensoría
del Pueblo 27%; en tanto que los actores para la prevención en espacios
públicos deberían hacerla la Policía Nacional con un 69%, la DEMUNA con un 31%,
El Ministerio Público con 62%, Gobiernos Regionales y Municipios con 85% y por
último otros con 31%.
Otra de ellas y no menos relevante la Infografía 2,
donde el 48% de los adolescentes de niños y niñas y el 40% de adolescentes
justifican la violencia, considerando al trato violencia como un método válido
de Crianza y Educación: “Te pego, pero no te hago daño”, compartiendo padres e
hijos la percepción de que la violencia que se ejerce hacia ellos dentro del
hogar no supone daño o maltrato, en tanto que ante la consulta ¿Por qué me
agreden en mi hogar? El 70% asume que es porque desobedecen, el 24% porque
hacen cosas prohibidas, el 18% por que faltan el respeto a sus padres y el 10%
por que sacan malas notas.
Es importante también resaltar la Ley 303643 - Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Grupo
Familiar, emitida el 23 de noviembre del 2015, siendo su objetivo primordial la
Prevención, Erradicación y Sanción de toda forma de Violencia producida en el
ámbito público y privado contra la Mujer por su condición de tales y contra los
Integrantes del Grupo Familiar, en especial cuando se encuentren en situación
de vulnerabilidad, por la edad o situación física, como las Niñas, Niños y
Adolescentes y Personas con Discapacidad. Es importante señalar el artículo 41,
donde se resalta el Protocolo Base de Acción Conjunta y el artículo 45 de
Responsabilidades Sectoriales, Norma que ayuda a tener clara la intervención
con relación al tema y su Modificatoria el DL. 1386, de fecha 3 de setiembre
del 2018. En relación a ellas es que se ha considerado adicionalmente un Plan
de Acción Conjunta, el cual viene efectivizándose con presupuesto desde el 2019.
Teniendo en consideración los indicadores presentados,
me permito realizar algunas observaciones y/o comentarios que esperamos ayuden
a realizar una reflexión válida que nos permita tomar algunas medidas que hagan
que se mejore la situación de violencia presentada en Niños, Niñas y
Adolescentes, y por ende en las mujeres.
Contamos con varias leyes que buscan proteger a las
niñas, niños y adolescentes en contra de la violencia, prevenir que ocurra, y
tratar el daño generado. Sería interesante el poder superar dos mitos modernos
que tenemos acerca de la violencia contra las niñas y niños: el primero, que la
violencia está asociada a ciertas tradiciones culturales, y el segundo, que
puede ser la explicada mediante el mecanismo de transmisión desde los padres a los
hijos.
En las intervenciones que se vienen realizando en el
sector educación, sería elemental considerar a docentes, directores y personal
de las instituciones educativas como actores claves para detectar situaciones
de violencia, para lo cual se hace necesario el tener que desarrollar ciertas
capacidades para dichas intervenciones, en salud, que su personal detecte los
casos que se presentan, ya que cuentan con las capacidades instaladas y
protocolos y, en los Gobiernos Regionales y Locales, siendo los principales
actores claves para prevenir la violencia en la comunidad, es importante que a
través de los diferentes espacios y desde un enfoque territorial, con una
adecuada asignación presupuestal, se puedan promover espacios de concertación
para la implementación de políticas públicas locales y regionales relacionadas
a Niños, Niñas y Adolescentes e incluir en los documentos de gestión acciones
estratégicas enfocadas en la prevención de la violencia hacia ellos en la
familia, escuela y espacios públicos, es por ello igualmente relevante mejorar
el servicio de las DEMUNAS garantizando su implementación con personal
capacitado, ambientes privados para la atención y presupuesto para la
prevención de violencia a nivel de familias e Instituciones Educativas, si bien
la principal atención es por incumplimiento de obligaciones parentales (ali-mentos,
reconocimiento), también se reciben casos de violencia física, psicológica y
sexual, castigo, desprotección y riesgo, esta institución es identificada como
un actor clave para impulsar la prevención de la violencia en las familias y
por ello importante que nuestros alcaldes prioricen sus acciones en ésta área
en sus municipios, ya que consideramos que va a ser la única manera de que
disminuyan los casos de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes.
(1) Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza, (Noviembre 2019) Talleres de Trivia Comunicación Creativa EIRL.
(2) Infografía: Normalización de la Violencia, Embajada
de Canadá, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Unicef (2019) [Versión Digital, pdf]
(3) Ley 30364. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú,
23 de noviembre del 2015
Por: Psicóloga Betsy Cartagena Huamán
Consultora
en Protección de Derechos/Gestión Local - Territorial
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