viernes, 16 de agosto de 2019

Auditoría de la Contraloría genera sentencia a dos ex funcionarios del GORE Ica




Dos ex funcionarios del Gobierno Regional de Ica fueron sentenciados por el Poder Judicial a cuatro años de pena privativa de la libertad, e inhabilitados para asumir cargos en el sector público por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica determinó también el pago de S/ 250 mil a favor del Estado, la misma que serán cancelados en forma solidaria por los ex funcionarios sentenciados Miller Edu Vizcarra Román y Ana Yolanda Pérez Cortéz.
La sentencia (Resolución N° 14 del 15 de julio del 2019) tiene como antecedente el Examen Especial (N° 010-2015-CG/ORIC-EE) de la Contraloría General efectuado a la contratación de ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha” durante el periodo de noviembre del 2010 al 4 de abril del 2012.
La auditoría estableció que los sentenciados tuvieron un interés de favorecer a una empresa suscribiendo el contrato N° 006-2011-GORE-ICA         por un monto de S/ 37´468,479.00 para la ejecución del proyecto, el 5 de abril de 2011 cuando debían de haberlo hecho el día 4 y pese a que tampoco presentó la documentación requerida.
Asimismo, identificó que la documentación del contrato entre el consorcio que iba a ejecutar la obra y la empresa privada fue suscrita un día después de la firma de contrato entre el Gobierno Regional y dicha documentación fue incorporada al legajo con posterioridad; así como la carta fianza de COOPEX por más de S/ 3 millones, la misma que no estaba bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La empresa tampoco presentó los certificados de habilidad de los profesionales ingenieros encargados de la ejecución del proyecto.
Ante los hechos revelados en el informe, Miller Edu Vizcarra Román (ex Director de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Ica desde enero del 2011) se acogió a la conclusión anticipada aceptando su responsabilidad en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, siendo sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, asimismo se le impuso la inhabilitación para asumir cargos públicos por dos años y siete meses.
En tanto, la juez impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva para la imputada Ana Yolanda Pérez Cortez al habérsele hallado responsable del delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo. Para la ex funcionaria también se le limitó sus derechos, inhabilitándola por el término de tres años para ocupar cargos públicos.
Cabe destacar que la Procuraduría Pública de la Contraloría General  estuvo a cargo de la defensa de los intereses del Estado y obtuvo esta sentencia favorable.

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