Dos ex funcionarios del Gobierno Regional
de Ica fueron sentenciados por el Poder Judicial a cuatro años de pena
privativa de la libertad, e inhabilitados para asumir cargos en el sector
público por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de
cargo.
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica
determinó también el pago de S/ 250 mil a favor del Estado, la misma que serán
cancelados en forma solidaria por los ex funcionarios sentenciados Miller Edu
Vizcarra Román y Ana Yolanda Pérez Cortéz.
La sentencia (Resolución N° 14 del 15 de
julio del 2019) tiene como antecedente el Examen Especial (N°
010-2015-CG/ORIC-EE) de la Contraloría General efectuado a la contratación de
ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
de Salud del Hospital San José de Chincha” durante el periodo de noviembre del
2010 al 4 de abril del 2012.
La auditoría estableció que los
sentenciados tuvieron un interés de favorecer a una empresa suscribiendo el
contrato N° 006-2011-GORE-ICA por un monto de S/ 37´468,479.00 para la
ejecución del proyecto, el 5 de abril de 2011 cuando debían de haberlo hecho el
día 4 y pese a que tampoco presentó la documentación requerida.
Asimismo, identificó que la documentación
del contrato entre el consorcio que iba a ejecutar la obra y la empresa privada
fue suscrita un día después de la firma de contrato entre el Gobierno Regional
y dicha documentación fue incorporada al legajo con posterioridad; así como la
carta fianza de COOPEX por más de S/ 3 millones, la misma que no estaba bajo la
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La empresa tampoco
presentó los certificados de habilidad de los profesionales ingenieros
encargados de la ejecución del proyecto.
Ante los hechos revelados en el informe,
Miller Edu Vizcarra Román (ex Director de la Oficina de Abastecimiento y
Patrimonio del Gobierno Regional de Ica desde enero del 2011) se acogió a la
conclusión anticipada aceptando su responsabilidad en el delito de negociación
incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, siendo sentenciado a cuatro
años de pena privativa de la libertad suspendida, asimismo se le impuso la
inhabilitación para asumir cargos públicos por dos años y siete meses.
En tanto, la juez impuso cuatro años y ocho
meses de pena privativa de la libertad efectiva para la imputada Ana Yolanda
Pérez Cortez al habérsele hallado responsable del delito de Negociación
Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo. Para la ex funcionaria
también se le limitó sus derechos, inhabilitándola por el término de tres años
para ocupar cargos públicos.
Cabe destacar que la Procuraduría Pública
de la Contraloría General estuvo a cargo
de la defensa de los intereses del Estado y obtuvo esta sentencia favorable.
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