Entre mayo y
junio de este año
Más de 300 funcionarios y servidores librados de
sanción administrativa
RESTITUIR LA POTESTAD SANCIONADORA SERÁ EVIDENCIA DE
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y NEGLIGENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Contralor
General, Nelson Shack, solicitó al Congreso de la República priorizar el debate
y aprobación de tres importantes iniciativas legislativas presentadas por su
institución, entre las cuales destaca el Dictamen de Ley que restituirá, en la
práctica, la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios
públicos por inconducta funcional.
La última
semana, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el Dictamen
del Proyecto de Ley N° 4267, presentado por la Contraloría General, donde se
tipifican las conductas infractoras materia de responsabilidad administrativa
funcional y, de esa manera, restituye en la práctica la potestad sancionadora
(que fue reconocida constitucionalmente por el Tribunal Constitucional, sin
embargo, dejó sin efecto la tipificación de la infracción que debía ser
aprobada por ley).
“Saludamos
la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso que aprobó, por unanimidad
y prioritariamente, el proyecto que restituye la potestad sancionadora de la
Contraloría, pero necesitamos que el Pleno del Congreso lo apruebe pronto y lo
convierta en ley, poniéndole punto final a este vacío legal que puede resultar
en impunidad”, afirmó el Contralor.
Como se
recuerda, la sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 26 de abril
del 2019, si bien reconoció constitucionalmente las facultades sancionadoras de
la Contraloría General, declaró inconstitucional el listado de infracciones
(artículo 46 de la Ley N° 27785), impidiendo así que se pueda continuar con los
procesos sancionadores en marcha. Como consecuencia de ello, hoy no existe
marco legal para resolver los procedimientos administrativos sancionadores en
proceso y los que están por ingresar a los órganos instructores y que
involucrarían a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos.
Entre los
casos emblemáticos que quedarían impunes de mantenerse este vacío se encuentran
las sanciones que deberían ser impuestas a los 13 ex funcionarios de la
Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, comprendidos en la auditoría al Tramo 2
del Metro de Lima, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico de más de
US$ 20 millones; así también a los 11 funcionarios de la Empresa de Servicio de
Limpieza Municipal Pública del Callao SA., de la Municipalidad Provincial del
Callao, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico de S/ 60 millones;
entre otros casos emblemáticos más.
Actualmente,
estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional emita una aclaración
sobre su sentencia.
LIBRES DE SANCIÓN PAS
El Contralor
Shack sostuvo que “a la fecha, 341 funcionarios y servidores públicos quedaron
libres de sanción, debido a que no existe un marco legal para continuar con los
Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) ni para que el Tribunal
Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) resuelva las apelaciones
pendientes, situación que dejará una sensación de impunidad en la
administración pública”.
En total,
son 43 casos (que involucran a 341 funcionarios) que no recibirán sanción PAS
porque han caducado. Los casos están relacionados a adquisiciones y
contrataciones para hospitales, ejecución de obras de agua potable y
saneamiento, construcción de carreteras y vías, entre otros temas relevantes
para la población de catorce regiones del país. Los funcionarios y servidores
públicos que quedaron libres de sanción pertenecen a Lima, Cajamarca, Junín,
Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Ucayali, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica,
Moquegua, Lambayeque y San Martín.
Solo las
apelaciones que se encontraban en el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa
(TSRA) y quedaron libres de sanción involucra a 77 funcionarios, algunos de los
cuales ocasionaron un perjuicio económico mayor a los S/ 7.8 millones al Estado
(al 8 de junio 2019).
CASOS
PRÓXIMOS A CADUCAR
Cuando
termine el mes de junio, vencerá el plazo para que el TSRA se pronuncie sobre
apelaciones presentadas por otros 33 funcionarios y ex funcionarios del
gobierno central, regional y local de cinco regiones del país, algunos de los
cuales estarían involucrados en casos que dejaron más de S/ 20 millones de
pérdidas al Estado.
Por tanto
“restituir la potestad sancionadora en el más breve plazo será evidencia de la
lucha contra la corrupción y negligencia en la administración pública”,
sentenció.
SOLICITUDES
PRESENTADAS
Los vacíos
legales que ha dejado la sentencia del Tribunal Constitucional, también ha ocasionado
que más de 200 funcionarios y servidores públicos que tienen procedimientos administrativos
soliciten que sus casos sean archivados o anulados.
Es
importante precisar que al 31 de abril de 2019, existen más de 2,137
funcionarios y servidores públicos suspendidos o inhabilitados temporalmente
para trabajar en el Estado, los cuales deben cumplir su sanción, en tanto, el
fallo del TC no es retroactivo y las sanciones vigentes deben cumplirse.
OTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA CGR
En otro
momento, el Contralor General consideró que también debería priorizarse el debate
del Proyecto de Ley N° 3574-2018 que propone expandir el modelo de control concurrente
a todo proceso de contratación de bienes, servicios u obras, bajo cualquier
modalidad que supere los S/ 100 millones.
Recordó que
esta iniciativa legislativa se encuentra pendiente de debate en el Pleno del
Congreso desde hace seis meses. “Esperamos que el Presidente del Congreso honre
su palabra y haga lo posible por cumplir con su compromiso de impulsar la
aprobación de este proyecto de ley para que pueda ser agendado y aprobado lo
antes posible en un Pleno Extraordinario; eso hará posible ampliar el modelo de
control concurrente para todas las obras, y fortalecer la capacidad de actuación
de la Contraloría en la lucha contra la corrupción”, señaló Shack.
Asimismo,
señaló que está pendiente de debate y aprobación el Proyecto de Ley N°
3995-2018 que tiene como objetivo crear un régimen excepcional que permita a
las entidades reactivar las obras que se encuentran paralizadas, con lo cual se
culminarían 867 obras públicas que representan más de S/ 16 mil millones.
La
aprobación de estas tres iniciativas legislativas impulsadas por la Contraloría
General está orientada a contribuir a mejorar las intervenciones públicas en
beneficio de la ciudadanía y reducir la sensación de impunidad que existe en la
actualidad.
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