El presunto
uso de oficinas y recursos públicos con fines de propaganda electoral encabeza
el ranking de alertas reportadas por los ciudadanos a través del programa
POSTULA CON LA TUYA, de la Contraloría General de la República.
Por
incurrir en esta prohibición, que se enmarca como una infracción muy grave,
podría recaer en la autoridad, funcionario o servidor público involucrado,
hasta cinco años de inhabilitación para ejercer la función pública.
Del
7 de agosto al 3 de setiembre del presente año, se han reportado 159 alertas a
través de la plataforma web www. postulaconlatuya.pe
De
dicha cantidad, 142 han sido admitidas y calificadas como Alerta Ciudadana
Electoral, 9 han sido derivadas a la Subgerencia de Denuncias y Participación
Ciudadana de la Contraloría para que continúen un procedimiento regular por no
estar relacionadas con el programa, y 8 recientemente ingresadas, están en
evaluación.
La
prohibición que encabeza el ranking representa el 29.1% de las alertas
ciudadanas electorales que se enmarcan en el programa. En segundo y tercer
lugar del ranking figuran otras prohibiciones relacionadas con permitir que
servidores públicos del Estado realicen propaganda electoral en horario de
oficina (23.6%), y el uso de vehículos, máquinas o equipos públicos con fines
electorales (16.4%)
Le
siguen entre otras prohibiciones, disponer de dinero de caja chica, recursos
directamente recaudados u otros fondos públicos para financiar actividades con
fines electorales (10.9%), permitir que terceros utilicen oficinas y recursos
públicos para propaganda electoral (9%), usar recursos públicos para elaborar
propaganda electoral, como papelería, pintura, tintas de impresora (6.4%) y
distribuir con fines electorales, material adquirido con recursos públicos,
donaciones o fondos provenientes de la cooperación internacional (5.5%).
EN DEPARTAMENTOS
A
nivel departamental, 101 alertas recibidas por POSTULA CON LA TUYA fueron derivadas
a la Subgerencia de Control de Lima y Callao, así como a las Gerencias
Regionales de Control de La Libertad, Lima Provincias, Arequipa, San Mar-tín,
Tumbes, Apurímac, Caja-marca, Huancavelica, Ica, Ju-nín,
Pasco, Piura, Tacna, Án-cash, Cusco, Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque,
Moquegua, Puno y Ucayali. Del mismo
modo, 9 de éstas fueron remitidas al Jurado Nacional de Elecciones u otra entidad
pública.
Las
jurisdicciones distritales de Lima Metropolitana que registran la mayor
cantidad de alertas son San Miguel (14.7%), Comas (11.8%), Chorrillos y San
Martín de Porres (ambos con 8.8%), seguido por Ate, Cercado de Lima, Cieneguilla,
Lurigancho, Pucusana, Rímac y Pachacámac (con 5.9% cada uno).
Hay
32 alertas reportadas que fueron archivadas por error en el registro o no estar
enmarcadas en el programa Postula con la Tuya, así como por no presentar
suficiente información que permita continuar con la verificación de la alerta.
Sin embargo, la Contraloría viene realizando acciones preventivas a nivel
nacional, con el fin de que los funcionarios conozcan las prohibiciones en
periodo electoral y verificar preventivamente el buen uso de los recursos
públicos.
Una
vez recibida la alerta, la Contraloría realiza una evaluación respecto a su
relación con una de las prohibiciones en materia electoral, así como en la
calidad de la evidencia. Luego a través de sus Gerencias Regionales de Control
que se encuentran en todo el país, recopila la información necesaria para que, en
el caso de corresponder; se pueda dar inicio a una acción de control por parte
de los Órganos de Control de la entidad intervenida.
De
hallar evidencias de uso indebido de recursos públicos, se iniciará Auditorías de
Cumplimiento sobre los hechos irregulares específicos con identificación de
presunta responsabilidad, que originaría a su vez Procedimientos Administrativos
Sancionadores en contra de las autoridades, funcionarios y servidores públicos
involucrados.
POSTULA CON LA TUYA
Permite
a los ciudadanos ser partícipes del control social y alertar si las
autoridades, funcionarios o servidores públicos hacen uso indebido o irregular
de dinero o bienes del Estado para fines proselitistas o de propaganda
electoral, lo que está terminantemente prohibido.
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