En los
primeros cuatro meses del año (enero a abril 2018), la Contraloría General de
la República sancionó administrativamente a 468 funcionarios y servidores
públicos, tres de ellos en la REGIÓN ICA, por incurrir en faltas graves o muy
graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de
trabajar en el Estado.
De
acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores
públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la
función pública de 1 a 5 años.
Asimismo,
153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia; es decir, no fueron
apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por
el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).
Las
regiones que concentran el mayor número de funcionarios y servidores sancionados
son Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46), Tumbes (30) y La Libertad (25).
Cabe
precisar que la respon-sabilidad administrativa funcional
es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran
establecerse contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos.
Es
importante resaltar que los titulares de las entidades públicas del país deben
ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emitan la Contraloría General
y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios
y servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente.
TRANSPARENCIA
Las
sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de
sancionados de SERVIR y publicadas en el renovado portal web de la Contraloría www.contraloria.gob.
pe, como parte de su política de transparencia y acceso a la información. Para
acceder a la lista debe dar clic al botón “Participación Ciudadana”, luego
dirigir el cursor a la sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y ubicar
en el lado izquierdo “Registro de sancionados”.
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