Licitación por 3 millones de soles convocada
por Municipalidad de Villa El Salvador
BUENA PRO FAVORECIÓ A INVERSIONES LUMI EIRL, QUE TIENE CONTRATOS CON ESA
COMUNA POR 73 MILLONES S/.
Por existir
serios indicios de direccionamiento y contravenir la Ley de
Contrataciones del Estado, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado - TCE, declaró nula
la Licitación Pública N° 011-2016-CS/MVES, convocada por la Municipalidad Distrital
de Villa El Salvador, para la ampliación del colegio de nivel Inicial N° 652-02
Santa Rosa de Lima, ubicado en el sector 2 de la IV Etapa de Pachacamac, valorizada
en más de 3 millones de soles.
Además, mediante la Resolución N° 058-2017-TCE-S4,
dejó sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa Inversiones
LUMI E.I.R.L., disponiendo retrotraer el procedimiento a la etapa de
calificación de ofertas.
Fue en mérito a una apelación interpuesta por el
consorcio Los Constructores, integrado por las empresas La Económica Líder
E.I.R.L. y Corporación Prisma S.A.C., el mismo que fue impedido de participar
al igual que otros tres postores, otorgándosele la buena pro en el mismo acto a
Inversiones LUMI E.I.R.L.
El Tribunal da cuenta de
que la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, habría incurrido en una
serie de irregularidades durante el desarrollo de esta licitación, como
desobedecer y resistirse a cumplir la Resolución N° 2843-2016-TCE-S4, que
ordenó anteriormente retrotraer otra buena pro para remodelar el C.I Pequeños Angelitos,
con la finalidad de favorecer a Inversiones LUMI EIRL
Esta empresa, de acuerdo a información que obra en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE), entre el 2013 y 2016, ganó contratos con
ese municipio por más de 73 millones de soles.
Debido a que se evidencian serios indicios de
posible direccionamiento, sobre la base de prácticas que afectan la libre concurrencia
y competencia de proveedores, el TCE dispuso además comunicar
los hechos tanto al alcalde de la MVES, al órgano de control interno de esa comuna, como a la Contraloría General de
la República y la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, para que obren en consecuencia.
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