El ministro de Justicia, Daniel Figallo, señaló que
“no hay marcha atrás” en la implementación del Código Procesal Penal y que su reforma,
iniciada diez años atrás, ha significado el trabajo intenso de grupos de
especialistas. Puntualizó que la reforma debe significar una política de Estado
que trascienda a los gobiernos.
Figallo Rivadeneyra se presentó el martes 11 de este
mes, ante el Grupo Especial del seguimiento del proceso de implementación del
CPP que preside el congresista Mariano Portugal (UR). Estuvo acompañado
del juez supremo Luis Alberto Zeballos, como representante del Poder Judicial,
y representantes del Ministerio Público y del PJ y equipo de asesores.
Estuvieron presentes también los congresistas Santiago Gastañaduí y
Hernán De la Torre (NGP).
El titular del sector y presidente de la Comisión
Técnica de implementación del nuevo código, informó que el Código Procesal
Penal está vigente desde hace ocho años y que el plan de consolidación
culminará el próximo año con su implementación en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica
y Junín, con un presupuesto de 123 millones y medio de soles que se destinarán
a los ministerios de Justicia y del Interior, Poder Judicial y Ministerio
Público.
Figallo
dijo que durante la vigencia del CPP se hicieron dos informes nacionales, uno
desde el 2006 al 2010, y el segundo hasta el 2013, de evaluación de su
implementación El primero se conoce como el “Libro rojo” y el segundo como el
“Libro azul”, y comprende la evaluación en los campos de ejecución y
presupuesto y el marco normativo. Hubo una evaluación por parte del Ministerio
de Economía para asignarle el presupuesto de 1,267 millones de soles para las
23 regiones (distritos judiciales).
El titular de Justicia señaló que de las evaluaciones
se identificaron varios problemas, como una coordinación deficiente entre fiscales
y la Policía Nacional, y la necesidad de definir procedimientos operativos de
la investigación. “Ha habido cam-bios normativos importantes. Se puede ajustar,
mejorar, pero no regresar al principio”, remarcó.
También
destacó que luego de una segunda evaluación se logró “cambiar varias cosas” y
se mejoró la articulación y capacitación del personal. Sin embargo se detectó
un alto nivel de frustraciones de las audiencias públicas.
Detalló que hay otros 16 procesos que deben ser
mejorados, entre ellos los trabajos de inspección, registro e incautación y el
fortalecimiento del uso de salidas alternativas.
Asimismo, dio a conocer que 46 artículos del CPP
han sido modificados desde su promulgación para dotarlos de eficiencia y permitir
una mayor coordinación entre la Fiscalía y la PNP, un mayor plazo en las investigaciones
y la puesta en marcha de video-conferencias en los centros penales para evitar
los traslados y la posibilidad de fugas. A raíz de estos cambios se dieron las
leyes 30076 y 30077 sobre seguridad ciudadana y contra el crimen organizado,
respectivamente.
También participó el juez supremo Luis Alberto
Zeballos, quien reconoció que había dificultades en la implementación del CPP.
Pidió que se instalen Juzgados de flagrancia en cada comisaría para una
respuesta inmediata de los casos de delitos. Dijo que la burocracia no permite
la agilización de la justicia y propuso que se actúe, por ejemplo, como el
sistema que utilizan las rondas campesinas.
Sus demandas también fueron por la creación de
juzgados especiales para casos de crimen organizado, defraudación tributaria y
lavado de activos. Afirmó que hay pocas sentencias por estos casos y se debe a
que se trabaja aisladamente de la Contraloría General. Tales informes da cuenta
la Oficina de Prensa del Congreso.
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