La Defensoría del Pueblo, que nació en Suecia
hace más de 200 años, en el Perú fue creada por la Constitución Política de
1993, como un organismo totalmente autónomo, para defender los derechos
fundamentales de las personas en todo el territorio nacional, supervisar el
cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente
prestación de los servicios públicos en todo el ámbito de la patria.
Hay que señalar que el Defensor del Pueblo,
nació en el país sueco con el nombre de Ombudsman, y surgió como una entidad de
origen parlamentario con el encargo de velar por la buena administración
pública en favor de los ciudadanos.
La función de la Defensoría del Pueblo es, pues,
atender, las quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa,
han experimentado la vulneración de sus derechos. La Defensoría del Pueblo es
una institución que colabora con el Estado, por cuanto su actuación sirve para
dar a conocer los asuntos donde se está cometiendo alguna arbitrariedad que
vulnere los derechos de los
ciudadanos.
La Defensoría del Pueblo en su papel o rol de
colaborador del Estado actúa, con total autonomía, respecto de cualquier poder
público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la
ciudadanía. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad,
profesionalismo y responsabilidad, nunca por oposición arbitraria o
injustificada frente al Estado.
Sin embargo es bueno destacar que no desempeña
funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta
sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones
o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su
poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos.
(Alberto Mórtola Aburto)
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