Por: Ed. Dr.
Claudia Viveros Lorenzo
Hay frases que, dependiendo de quién las pronuncia y
desde dónde se pronuncian, adquieren un peso distinto. “Ya los tenemos
ubicados” podría parecer una expresión inocente en una conversación cualquiera.
Pero cuando la dice una funcionaria de alto nivel del gobierno mexicano,
mientras exhibe públicamente los nombres de periodistas, medios, políticos y
comentaristas, la frase deja de ser inocente. Se convierte en una advertencia.
Y en México, las advertencias dirigidas a periodistas
no pueden analizarse como si ocurrieran en un país cualquiera.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo
Federal, presentó recientemente en su espacio “Derecho de Réplica” lo que
definió como un análisis de un “ecosistema de amplificación digital”. Según su
explicación, no se trataba de una lista negra, sino de una representación de
cómo determinados medios, periodistas, políticos y cuentas digitales retoman y
amplifican determinadas narrativas contra el gobierno.
Podemos discutir durante horas si existe o no
coordinación entre medios, políticos, comentaristas y usuarios de redes
sociales. Podemos cuestionar la manera en que circula la información y podemos,
por supuesto, exigir que el gobierno responda a las críticas y desmienta
aquello que considere falso.
Lo que no deberíamos normalizar es que desde el poder
se exhiba a periodistas por nombre y apellido —y, peor aún, con sus datos de
contacto— para explicar quiénes son aquellos que supuestamente participan en
una determinada narrativa.
Porque una cosa es responder a una información y otra
muy distinta es identificar públicamente a quienes la difunden.
El lenguaje importa.
“Los tenemos ubicados”.
¿Quiénes son “ellos”? ¿Qué significa tenerlos
ubicados? ¿Para qué sirve que una autoridad federal sepa quiénes son, dónde
trabajan, qué publican y cómo contactarlos? ¿Qué mensaje recibe un periodista
que ve su nombre proyectado desde Palacio Nacional como parte de un supuesto
entramado de amplificación?
Tal vez la intención oficial sea exclusivamente
analítica. Tal vez, como ha explicado Alcalde, se trate de estudiar la
circulación digital de determinadas narrativas. Pero en política no basta con
explicar la intención: también hay que hacerse responsable del efecto que
producen los actos del poder.
Y el efecto, en este caso, es profundamente
inquietante.
México no es un territorio ajeno a las listas, las
amenazas, el señalamiento y la violencia contra quienes ejercen el periodismo.
Se documenta
actualmente 181 periodistas asesinados en México desde el año 2000 en posible
relación con su labor. También registra 32 periodistas desaparecidos.
En 2025 fueron asesinados siete periodistas y se
registró una desaparición. Además, se
han documentado 451 agresiones contra la prensa durante ese año.
Y mientras escribo estas líneas, México vuelve a
sumar nombres a esa dolorosa estadística. En julio de 2026 fue asesinado el
periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca. En Veracruz, el asesinato de la
periodista Roxana Berenice Guzmán volvió a recordarnos que ejercer el
periodismo puede significar literalmente poner la vida en riesgo.
Por eso resulta imposible mirar una exhibición
pública de periodistas con la misma ligereza con la que se observa un gráfico
de redes sociales.
Aquí no estamos hablando únicamente de comunicación
digital.
Estamos hablando de poder.
El Estado tiene recursos, información, capacidad
institucional y una enorme plataforma de comunicación. Un periodista
independiente no tiene ese mismo poder. Cuando una autoridad coloca su nombre
en una pantalla y lo identifica como parte de un supuesto ecosistema opositor,
la relación es profundamente asimétrica.
Y esa asimetría importa.
No estoy diciendo que los periodistas sean
intocables. No lo somos. Los periodistas también podemos equivocarnos, publicar
información falsa, tener intereses, responder a determinadas agendas o incluso
ejercer mal nuestro oficio. Precisamente por eso existe la crítica, la réplica,
la rectificación y el debate público.
Pero el gobierno debe debatir con periodistas, no
señalarlos.
Debe responder a sus investigaciones, no elaborar
mapas de sus críticos.
Debe demostrar que una información es falsa, no
convertir a quien la difundió en parte de una lista pública.
Porque cuando el poder comienza a clasificar a los
periodistas entre “amigos” y “enemigos”, entre quienes ayudan y quienes
“golpean”, se abre una puerta muy peligrosa.
Y la historia latinoamericana nos ha enseñado que las
democracias no se deterioran únicamente cuando aparecen tanques en las calles.
También se deterioran cuando la crítica comienza a ser presentada como
traición, cuando el disenso es convertido en conspiración y cuando quienes
incomodan al poder empiezan a ser señalados.
No se trata de defender a un periodista en particular.
Se trata de defender el principio.
Hoy pueden aparecer en una pantalla los nombres de
periodistas con los que coincidimos o con los que discrepamos. Mañana puede
tocarle a alguien más. Y pasado mañana puede tocarle a cualquiera que tenga una
voz pública.
Por eso me preocupa más la frase que la lista.
“Ya los tenemos ubicados”.
Porque un periodista debería querer que el gobierno
lo ubique por sus investigaciones, por sus preguntas, por sus críticas, por su
trabajo. No porque exista una clasificación oficial de quiénes son los que
incomodan.
En un país donde cientos de periodistas han sido
asesinados, desaparecidos, amenazados o agredidos, el poder debería ser
extraordinariamente cuidadoso con las señales que envía.
No necesitamos más periodistas ubicados.
Necesitamos periodistas protegidos.
Necesitamos periodistas libres.
Necesitamos un gobierno suficientemente fuerte para
soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo.
Y necesitamos entender que la libertad de expresión
no se demuestra cuando el poder permite que hablen quienes están de acuerdo con
él. Se demuestra cuando puede escuchar a quienes lo cuestionan sin señalarlos,
perseguirlos ni intimidarlos.
Porque al final, el problema no es una lista.
El problema es lo que una lista puede significar
cuando viene acompañada de la frase: “ya los tenemos ubicados”.
En México, esa frase debería hacernos detenernos a
todos.
Especialmente a quienes todavía creemos que una
democracia necesita periodistas que puedan escribir, preguntar y disentir sin
preguntarse, antes de publicar, si alguien desde el poder ya los está ubicando.
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