Por: Ed.
Dr. Claudia Viveros Lorenzo
En
México ya no se combate el incendio educativo: ahora simplemente se apaga la
alarma para que nadie escuche el humo.
La
reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar el
Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública confirma algo
profundamente preocupante: el gobierno federal ha decidido maquillar el fracaso
educativo en lugar de enfrentarlo.
El
acuerdo, vigente desde septiembre de 2023 y avalado por la Corte en mayo de
2026, elimina el requisito mínimo del 80% de asistencia para acreditar el ciclo
escolar y permite que estudiantes de secundaria puedan pasar de grado aun con
hasta cuatro materias reprobadas.
La
ministra Lenia Batres Guadarrama, autora del proyecto aprobado, defendió la
medida argumentando que el concepto de “excelencia educativa” no puede
reducirse a calificaciones y asistencia. También sostuvo que el nuevo modelo
favorece la permanencia de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema
educativo.
Y sí,
claro que la permanencia importa. Nadie sensato desea una escuela expulsiva o
elitista. Pero confundir inclusión con ausencia de exigencia es una trampa
pedagógica peligrosa. Permanecer en la escuela no significa necesariamente
aprender. Ahí está precisamente el problema que el gobierno parece empeñado en
ignorar.
Mientras
el discurso oficial presume “transformación educativa”, los datos
internacionales muestran una realidad devastadora. Según los resultados más
recientes del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes
(PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
publicados en diciembre de 2023, el 66% de los estudiantes mexicanos no alcanzó
el nivel básico en matemáticas. En lectura fue el 47% y en ciencias el 51%.
México se ubicó muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Y no, eso
no ocurrió porque los alumnos fueran demasiado evaluados; ocurrió porque el
sistema educativo lleva años deteriorándose.
Sin
embargo, en lugar de fortalecer contenidos, profesionalizar docentes, mejorar
infraestructura o recuperar aprendizajes perdidos tras la pandemia, la solución
institucional parece ser bajar la vara. Si el alumno no alcanza el estándar,
entonces desaparezcamos el estándar. Problema resuelto.
Es
imposible no preguntarse qué mensaje reciben hoy millones de estudiantes
mexicanos: “No importa si faltas. No importa si repruebas. De cualquier manera
vas a pasar”.
Y
luego nos sorprenderemos cuando lleguen al bachillerato o a la universidad sin
comprensión lectora, sin pensamiento lógico y sin herramientas mínimas para
competir en un mundo profundamente tecnológico y globalizado.
La
comparación con Finlandia, mencionada por Lenia Batres durante el debate,
resulta particularmente desafortunada. Finlandia no construyó uno de los
mejores sistemas educativos del mundo eliminando la exigencia académica. Lo
hizo invirtiendo durante décadas en formación docente, autonomía escolar,
lectura temprana, innovación pedagógica y alto compromiso social con la
educación. La diferencia es brutal: allá flexibilizan porque ya construyeron
calidad; aquí flexibilizamos porque renunciamos a ella.
Y
mientras tanto, México enfrenta otro problema gravísimo: la politización
educativa.
Los
nuevos libros de texto gratuitos impulsados por la llamada Nueva Escuela
Mexicana han sido cuestionados por especialistas, académicos y organizaciones
civiles debido a errores conceptuales, falta de claridad pedagógica e incluso
sesgos ideológicos. A eso se suma el debate reciente sobre reducir el
calendario escolar y minimizar la importancia del último mes de clases,
declaraciones que incluso provocaron críticas públicas hacia el actual titular
de la SEP, Mario Delgado Carrillo.
Todo
parece formar parte de una peligrosa narrativa donde la exigencia académica se
presenta como opresión, la disciplina como autoritarismo y el mérito como
privilegio.
Pero
la realidad siempre termina cobrando factura.
Porque
el alumno que hoy pasa con cuatro materias reprobadas será el adulto que mañana
enfrentará un mercado laboral brutalmente competitivo. Será quien descubra que
el mundo real no otorga certificados por buena intención. Y entonces ya será
demasiado tarde.
La
educación pública debería ser el gran mecanismo de movilidad social de un país.
La herramienta que permita a un niño pobre aspirar a una vida mejor. Pero
cuando el Estado renuncia a enseñar con calidad, en realidad condena a los más
vulnerables a permanecer vulnerables.
La
tragedia no es solamente educativa. También es ética.
Porque
mientras el gobierno presume inclusión, lo que realmente está haciendo es
administrar mediocridad.
Y
quizá lo más doloroso es que millones de padres de familia sí entienden lo que
está ocurriendo. Saben que sus hijos no necesitan menos exigencia: necesitan
mejores maestros, mejores contenidos, más acompañamiento y más oportunidades
reales de aprender.
Pero
eso requiere trabajo serio, inversión y visión de largo plazo. Mucho más
difícil que simplemente cambiar las reglas para aparentar que todo mejora.
En
México no estamos resolviendo la crisis educativa.
Estamos
maquillándola.
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