Por:
Oscar Velit Bailetti.-Especialista en Seguridad Ciudadana
Ya era hora así estamos: Problemas que se vienen pre-sentando con
los estudiantes en Chincha.
En la provincia de Chincha,
la comunidad educativa enfrenta una serie de problemáticas críticas que
impactan directamente el bienestar, la seguridad y el derecho a la educa-ción
de los estudiantes.
Las autoridades de la UGEL Chincha y la Policía Nacional han
advertido que estas situaciones requieren una intervención inmediata y
urgente:
Peleas y agresiones en los exteriores: Se viene registran-do una
preocupante recurrencia de estudiantes que solucionan sus conflictos a golpes
en los exteriores de los colegios al momento de la salida. Planteles
emblemáticos como la I.E. John F. Kennedy han sido escenario de estos
escándalos, donde incluso se ha captado a adultos agrediendo físicamente a
menores de edad.
Crecimiento de casos a nivel sistémico: Esta realidad local se
alinea con una crisis de convivencia escolar en todo el país. La plataforma
SíseVe reporta un pico histórico sin precedentes de violencia física,
psicológica y sexual, lo que ha llevado al Ministerio de Educación a endurecer
drásticamente las medidas correctivas.
Resistencia a registrar agresiones: El director de la UGEL
Chincha, había denunciado públicamente que existen directores de colegios
(tanto públicos como particulares) que no quieren reportar los casos de
violencia en la plataforma SíseVe.
Consecuencias: Esta omisión de funciones prolonga el sufrimiento
de las víctimas de acoso (bullying) o abuso, impide que se activen los
protocolos de protección y camufla la verdadera gravedad de la situación en las
aulas.
Falta de especialistas: En Chincha, al igual que en el panorama
nacional donde el 98% de los colegios carece de psicólogo, los estudiantes
carecen de un soporte emocional contínuo.
Impacto en el estudiantado: La falta de psicólogos dedicados
frena la detección temprana de cuadros de estrés postraumático, ansiedad,
depresión y conductas agresivas originadas por disfunciones dentro del propio
entorno familiar.
Riesgo de exclusión escolar: Al inicio del periodo escolar, se
reportó que cerca de 400 alumnos en Chincha corren el riesgo de quedarse fuera
del sistema educativo debido a la falta absoluta de vacantes para el primer
grado de secundaria en al menos nueve instituciones públicas. Esto se debe a la
escasez de plazas docentes y de infraestructura adecuada.
Aulas vulnerables: Diversos colegios de la provincia presentan
deficiencias en sus plan-tas físicas ante sismos y desastres naturales.
Además, la misma presidencia del país ha ordenado atenciones de emergencia para
mitigar el deterioro de infraestructuras críticas en zonas vulnerables de la
provincia.
Para frenar esta ola de problemas, el Equipo de Convivencia
Escolar de la UGEL Chincha, en conjunto con la Fiscalía de Familia y la Policía
Nacional, viene implementando:
Intervenciones Sostenidas: Operativos y patrullajes en los
alrededores de las escuelas para disuadir grescas y proteger a los menores de
personas extrañas. Exigencia de Fiscalización: Talleres informativos sobre la
"omisión legal", advirtiendo a los directores que ocultar casos de
violencia conlleva sanciones administrativas y penales severas.
El Gobierno aprobó un nuevo régimen de disciplina escolar que
establece la calificación numérica de conducta, suspensiones temporales y la posibilidad
de expulsar a estudiantes por faltas muy graves o reiteradas, bajo
procedimientos que deben respetar sus derechos y garantizar la continuidad educativa.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº
021-2026-MINEDU, publicado el sábado 7 de noviembre en una edición
extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. La disposición alcanza a instituciones
educativas públicas y privadas de educación básica de todo el país.
Uno de los cambios más importantes es el establecimiento de una
calificación de conducta en escala vigesimal, de cero a veinte puntos. De
acuerdo con los lineamientos, una nota inferior a once será considerada desaprobatoria
y deberá acompañarse de una descripción cualitativa del comportamiento del
estudiante.
La norma clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.
Las suspensiones podrán alcanzar un máximo de tres días hábiles cuando se acumulen
tres faltas leves durante un bimestre o se cometan faltas graves o muy graves.
La separación definitiva de la institución educativa podrá
aplicarse cuando el estudiante acumule tres suspensiones durante el año,
cometa una falta muy grave que lo amerite o persista sistemáticamente en
conductas que impidan razona-blemente su permanencia.
Entre las faltas graves figuran el uso indebido de teléfonos celulares
y dispositivos electrónicos, las tardanzas injustificadas reiteradas,
determinadas agresiones físicas o psicológicas y la posesión de sustancias prohibidas.
Las faltas muy graves comprenden, entre otras conductas, el acoso
escolar, la violencia sexual, la extorsión, la comercialización de drogas, la
tenencia de armas y la falsificación de documentos oficiales.
El decreto también incorpora disposiciones sobre uniforme,
presentación personal, maquillaje y accesorios, diferenciando las reglas
aplicables a colegios públicos y privados.
Las medidas deberán aplicarse considerando la edad del estudiante,
las circunstancias de los hechos y los principios de proporcionalidad y
razonabilidad. La norma prohíbe expresamente los castigos físicos, humillantes
y discriminatorios, así como impedir el ingreso al colegio por tardanzas o incumplimientos
de presentación personal.
Ante una expulsión, la familia podrá solicitar reconsideración
dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.
La institución tendrá cinco días hábiles para resolverla. La expulsión no
elimina el derecho del estudiante a continuar sus estudios. Cuando corresponda,
la UGEL deberá intervenir para garantizar una alternativa. Las instituciones
educativas tendrán un plazo de quince días calendario desde la entrada en vigor
del decreto para incorporar los lineamientos a sus documentos de gestión
durante 2026.Para el año escolar 2027, deberán adecuar sus reglamentos internos
dentro de un plazo máximo de sesenta días calendario. La implementación del
nuevo régimen requerirá que directores, docentes y familias conozcan las
faltas, medidas disciplinarias y garantías establecidas por el Ministerio de
Educación.
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