Juzgado de Flagrancia de Ica dictó siete meses de prisión preventiva a investigado por presunto homicidio calificado en grado de tentativa

 

 El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo del juez Malvis Verdi Granda Dongo, dictó siete meses de prisión preventiva contra E. Espinoza G. (18), investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de José Alvarado.

De acuerdo con los elementos expuestos en audiencia, el investigado habría participado, junto con un adolescente (16), en un presunto ataque ocurrido el pasado 19 de junio, cuando la víctima se encontraba realizando labores de reciclaje en las inmediaciones de la avenida Maúrtua, en la ciudad de Ica. Ambos sujetos habrían obligado al agraviado a abordar una mototaxi y posteriormente lo habrían trasladado hasta una zona cercana al río Ica, donde presuntamente intentaron acabar con su vida utilizando un arma de fuego.

La investigación sostiene que, cuando la víctima intentó escapar, habría recibido 2 impactos de bala que pusieron en

inminente peligro su vida. Asimismo, se recabaron diversos elementos de convicción, entre ellos declaraciones, reconocimientos fotográficos y actas policiales, que vincularían al imputado con los hechos materia de investigación. Dicha detención provisional se computa desde el día del arresto, 20 de junio del 2026 y vence el 19 de enero del 2027.

Cabe señalar que, el delito imputado se encuentra previsto en el artículo 106° del Código Penal, concordante con el numeral 3 del artículo 108° y el artículo 16° del mismo cuerpo normativo, referidos al homicidio calificado por ferocidad o alevosía en grado de tentativa, ilícito que contempla severas sanciones privativas de libertad.

Con esta decisión, el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica reafirma su compromiso con la administración de justicia y la tutela de los derechos fundamentales, garantizando que las medidas coercitivas sean impuestas en estricto respeto al debido proceso y en salvaguarda del normal desarrollo de las investigaciones penales.