Se trata de la acreditación de disponibilidad hídrica y del proyecto de electrificación
La Contraloría General de la República alertó
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que las licencias y permisos para
la ejecución del saldo de obra del nuevo centro penitenciario de Ica, en el
distrito de Santiago, caducarán en fecha cercana a la firma del contrato que se
programó para junio próximo, lo que podría generar retrasos, ampliaciones de
plazo y mayores gastos.
Como se conoce, el costo total de la
obra asciende a S/ 877 291 568. A su culminación, el moderno penal tendrá
capacidad para albergar a más de 3 mil internos.
De acuerdo con el Informe de Orientación
de Oficio n.° 6372-2026-CG/GRIC-SOO, cuyo periodo de evaluación abarca desde el
6 al 8 de mayo del 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó
la convocatoria del referido saldo de obra en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE) el año pasado y, próximamente, se estaría
otorgando la buena pro.
Como parte del proyecto se tiene
previsto intervenir en el kilómetro 335.5 de la carretera Panamericana Sur y se
advierte el riesgo de que la entidad no cuente con la autorización vigente de
Provías Nacional, ya que posee una de 2017 que no está de acuerdo al expediente
técnico del saldo de obra, ni a las exigencias establecidas en la modificación
de la normativa de gestión vial del año 2019.
Del mismo modo, la entidad posee una
acreditación de disponibilidad hídrica (volumen de agua subterránea en la zona)
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), vigente solo hasta el 25 de julio de
2026. Aún falta el permiso para la ejecución de obras hidráulicas (pozo
tubular) y la licencia de uso de agua subterránea, que se tramitarían después
de la firma de contrato. Asimismo, la entidad obtuvo una conformidad de la
licencia del proyecto de electrificación del establecimiento penitenciario,
cuya vigencia vence el 28 de octubre del presente año.
Vale indicar que, si los plazos del
proceso de selección del contratista se cumplen sin contratiempos, la firma de
contrato se concretaría en junio de 2026, fecha muy cercana al término de
vigencia de las mencionadas licencias y permisos, situación que podría generar
demoras en el inicio de los trabajos.
El resultado de este informe de
orientación de oficio fue comunicado al titular del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para que adopte las medidas preventivas y correctivas que
correspondan.
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