El Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, obtuvo 18 meses de medida coercitiva de prisión preventiva contra 12 personas investigadas por el presunto delito de colusión a-gravada, en la modalidad de ser integrantes de una organización criminal, en el marco del caso denominado “Los Cuellos Blancos de Sunampe”.
La investigación está a cargo de los fiscales adjuntos
provinciales Ted Ludvin Martínez Torrico y Eduardo Cotos Hidalgo, quienes
sustentaron ante el órgano jurisdiccional graves y fundados elementos de
convicción que vincularían a los investigados con la presunta dirección ilegal
de procesos de contratación de obras públicas en la jurisdicción de Sunampe.
De acuerdo con la tesis fiscal, los investigados, entre
funcionarios y empresarios (extraneus), habrían concertado para direccionar
adjudicaciones a favor de cuatro empresas constructoras, a cambio de beneficios
económicos que habrían sido destinados al financiamiento de campañas
electorales, con el objetivo de asegurar su permanencia en el poder. Estas
acciones habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado ascendente a
aproximadamente S/ 25 millones.
Tras cuatro días de intensas audiencias, el martes 11
de febrero de 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de
Parcona declaró fundado el requerimiento fiscal e impuso la medida coercitiva
de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra los funcionarios
municipales: José Luis Castilla Munayco, Junior Cornejo Quispe, Luis
Carlos Girao Atuncar, Wilber Tasayco
Saravia, José Carlos Salvador Yataco, Kristopher Luis Luján Revatta y Diana
Carolina Mendiguete Villa.
Entre los imputados con la misma medida de prisión
preventiva, se encuentran se encuentran los empresarios: Boris Jhon C. Andía
Huaranca, Carlos Ramón Castilla Yataco, Emerson Levaño Castilla, José María
Levaño Martínez.
Del mismo modo, el órgano jurisdiccional dictó
comparecencia con restricciones por el plazo de 18 meses contra: Nelly Giovanna
Anchante Apolaya (empresaria) y Pamela Isabel Lliuya Hernández (funcionaria)
El Ministerio Público precisó que, de ser hallados
responsables, los investigados afrontarían una prognosis de pena efectiva no
menor de 15 años de privación de libertad.
El Distrito Fiscal de Ica reafirma su compromiso de
continuar enfrentando con firmeza los delitos de corrupción que afectan los
recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en la gestión estatal.
Oficina de Imagen
Institucional - Nota de Prensa Nº 28 MP- Distrito Fiscal de Ica
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