Más de 115 mil m2 de terrenos públicos que eran ocupados de manera irregular ahora serán utilizados para servicios públicos esenciales
El Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que el Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a través de su procuraduría
pública, logró que 21 predios del Estado, que habían sido ocupados de forma
ilegal, vuelvan a manos públicas durante el 2025.
En total se recuperaron 115,726 m2 de terrenos
estatales en diversas regiones del país, como resultado de acciones legales y
coordinadas contra la informalidad y el tráfico ilegal de tierras.
“Recuperar estos espacios y formalizarlos es
fundamental para ponerlos al servicio de la ciudadanía, a través del
equipamiento correspondiente”, expresó el ministro de Vivienda.
Las intervenciones se realizaron entre enero y
diciembre del 2025, en estrecha coordinación con el Ministerio Público, la
Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales, con el objetivo de restituir
predios públicos y garantizar que estos sean destinados a fines de interés
social y uso público.
Entre los casos más emblemáticos figura la recuperación
de un predio de 32,142 m² en el Pueblo Joven Villa Poeta José Gálvez, en el
distrito de Villa María del Triunfo (Lima).
También terrenos
ubicados en los asentamientos humanos Unión Quilmaná, en Cañete (26,785 m²), y
Micaela Bastidas, en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha – Ica (22,487 m²).
Además, se restituyó un lote de 20,000 m² destinado a equipamiento urbano del
Instituto Superior Tecnológico de Aplao, en Arequipa.
Adicionalmente, se recuperaron más de 14,000 m² en diversos
puntos del país, incluyendo Chincha (Ica); Ancón y Ventanilla (Lima), Acari,
Bella Unión, Lomas, Socabaya, La Joya, Sachaca y Cocachacra (Arequipa),
Chulucanas y Piura (Piura) eIlo (Moquegua).
“Desde Cofopri estamos actuando con firmeza para defender
los intereses del Estado y evitar que los terrenos públicos sean tomados o
utilizados de manera ilegal”, señaló el director ejecutivo de la entidad,
Carlos Reátegui.
Estas acciones forman parte de una estrategia permanente
de defensa del patrimonio público y así garantizar que los terrenos del Estado
sean destinados a educación, salud, seguridad, áreas verdes, mercados,
equipamiento urbano y otros servicios, contribuyendo a la seguridad jurídica,
la prevención del tráfico de terrenos y el bienestar de la población.







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