La Oficina de
Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural (OCAJIMP–ICA), en cooperación
con la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y
contra el Terrorismo de Ica y Cañete, realizó una jornada de capacitación y
diálogo intercultural dirigida a las autoridades, junta directiva y comuneros
de la Comunidad Campesina de San Pedro de Huacarpana, en la provincia de
Chincha.
La actividad se desarrolló como parte de las acciones institucionales
orientadas a facilitar el acceso a la justicia con pertinencia cultural y
fortalecer la cooperación entre el Ministerio Público y las comunidades
campesinas de la región.
Durante la jornada, el Equipo de OCAJIMP liderado por la
fiscal provincial Anyela Vanessa Salazar Alca, coordinadora de la OCAJIMP–ICA,
dio a conocer las funciones que cumple la oficina y los mecanismos de
articulación con comunidades y rondas campesinas, promoviendo un espacio de
diálogo intercultural que permitió consolidar la confianza, resolver dudas y
coordinar acciones preventivas frente a riesgos que podrían afectar a los
miembros de la comunidad y autoridades comunales.
Asimismo, los comuneros realizaron consultas respecto a casos de violencia familiar, delitos contra el patrimonio, usurpación de tierras, recibiendo orientación sobre los procedimientos ante los operadores de justicia. También se brindaron alcances respecto a las funciones de las instituciones públicas presentes en la zona, como la Subprefectura, el Juzgado de Paz, el centro de salud, el Ministerio Público y la Policía Nacional.
La OCAJIMP–ICA reiteró que su finalidad es facilitar el
acceso a la justicia con enfoque intercultural, promover la integración entre
el Estado y las comunidades campesinas, rondas y pueblos originarios, y
fortalecer una administración de justicia más inclusiva, cercana y respetuosa
de la diversidad cultural.
Finalmente, se abordaron temas vinculados a las
competencias de la Fiscalía Especializada en delitos como discriminación y
delitos comunes en agravio de los miembros de la comunidad en condición de defensores
de derechos humanos, así como los alcances de las investigaciones humanitarias
relacionadas con el periodo de violencia 1980–2000 y delitos de terrorismo.
El Ministerio Público reafirma su compromiso de
continuar impulsando acciones articuladas en beneficio de las comunidades
campesinas de la Región Ica.
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