La medida coercitiva fue impuesta por hechos que habrían puesto en peligro a menores y vulnerado la inviolabilidad de una vivienda
La magistrada
Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó nueve meses de prisión
preventiva contra M. Ramos Casma, investigado por el presunto delito contra la
libertad en la modalidad de violación de la libertad personal – secuestro en
grado de tentativa, en agravio de la menor (09), representada por su madre I.
Y. L.
Asimismo, el investigado afronta cargos por el presunto
delito de violación de domicilio, en agravio de C. Santaria Ccollccane. La
medida coercitiva fue emitida el 2 de diciembre de 2025, luego de que la
magistrada evaluara los argumentos del Ministerio Público y de la defensa
técnica, así como la concurrencia de los presupuestos previstos en el artículo
268 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el 30 de
noviembre de 2025, Ramos Casma habría intentado secuestrar a la menor cuando
esta se dirigía a una tienda en el AAHH Ollanta Humala. El imputado la habría
interceptado y sujetado del brazo con la aparente finalidad de llevarla a otro
lugar; sin embargo, la menor logró escapar y pedir auxilio.
Tras este hecho,
el investigado habría continuado su desplazamiento e ingresado sin autorización
a una vivienda del mismo asentamiento humano, donde se encontraba otro menor.
Este enfrentó al intruso y le pidió que se retirara, ante lo cual el imputado
salió inicialmente del inmueble.
Minutos después, Ramos Casma habría intentado ingresar
nuevamente aprovechando una ventana dañada, lo que generó alarma en el menor.
Al pedir ayuda a su padre y a los vecinos, estos lograron ubicar e intervenir
al imputado en un arenal cercano, reconociéndolo como la misma persona que
momentos antes intentó llevarse a la menor.
La resolución judicial ordena el internamiento del
investigado en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, medida que
regirá desde el 30 de noviembre de 2025, fecha de su detención, hasta el 29 de
agosto de 2026, con el propósito de asegurar el normal desarrollo del proceso
penal.
Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Ica
rea-firma su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así
como con la defensa de los derechos funda-mentales de las víctimas de
violencia.
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