Medida cautelar alcanza a intervenidos en flagrancia tras presunta actividad delictiva bajo modalidad “gota a gota”
La magistrada
Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó catorce meses de prisión
preventiva contra I. Castrillón Leiva y José Mego, investigados por la presunta
comisión de los delitos de violación de domicilio, extorsión y usura, en
agravio de M. De la Cruz Vega y A. Vega.
Asimismo, se impuso prisión preventiva a Mego por el
presunto delito de receptación, en agravio de persona por identificar.
La medida cautelar fue impuesta el 20 de noviembre de
2025, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que la magistrada
escuchara los argumentos del Ministerio Público y de la defensa técnica de los
imputados, verificando la concurrencia de los presupuestos establecidos en el
artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia aplicable.
Según el requerimiento fiscal, los hechos se
desarrollaron el 17 de noviembre de 2025, fecha en la que los investigados
habrían enviado diversos mensajes con contenido amenazante a la agraviada,
exigiéndole el pago de un préstamo previamente cancelado bajo la modalidad de
“gota a gota”.
Entre los mensajes, los investigados adjuntaron la
imagen de un arma de fuego como mecanismo de intimidación. Ese mismo día, ambos
sujetos habrían ingresado sin autorización al domicilio de la víctima, ubicado
en el distrito de Pueblo Nuevo, con la finalidad de continuar con los actos de
hostigamiento y cobro ilícito.
Tras una llamada de alerta, el personal policial logró
ubicar a los investigados a bordo de una motocicleta cuyas características coincidían
con las reportadas por la víctima, procediendo a su detención en flagrancia.
Durante el registro personal, se halló en poder de Mego un teléfono celular
reportado como “sustraído” en la base de datos del OSIPTEL, además de tarjetas
vinculadas a presuntas actividades de préstamo ilegal.
Ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría para
realizar las diligencias correspondientes por los presuntos delitos de
extorsión, usura, violación de domicilio y receptación.
La resolución judicial dispone el internamiento
inmediato de los investigados en el establecimiento penitenciario que designe
el INPE, hasta el 16 de enero de 2027, con el fin de garantizar el normal
desarrollo del proceso penal.
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