Por: Ed. Dr. Claudia Viveros Lorenzo
La palabra “narcogobierno” no se pronuncia a la ligera.
Es un concepto duro, incómodo, que incomoda a quienes prefieren maquillarlo con
términos suaves como “crisis política”, “autoritarismo” o “régimen”. Pero en
Venezuela, este eufemismo ya no alcanza para describir la realidad. Lo que existe
ahí es un Estado capturado, infiltrado, operado y administrado por redes
criminales que han convertido al país en un centro logístico del narcotráfico
continental.
El narcoetaqdo venezolano no se desarrolló de un día
para otro. Fue el resultado de concesiones silenciosas, permisividades
calculadas y alianzas pactadas en lo oscurito entre altos mandos militares,
operadores políticos y grupos armados que encontraron en la estructura estatal
una plataforma perfecta para sus intereses. Hoy esa simbiosis es tan profunda
que separar al crimen del poder sería como pedirle a un organismo que renuncie
a uno de sus órganos vitales. El sistema se sostiene precisamente porque la
corrupción ya no es una anomalía: es el modelo de gobierno.
La presencia del llamado “Cartel de los Soles”,
integrado por miembros del ejército venezolano, no es una teoría conspirativa
ni un invento de opositores. Diversas investigaciones internacionales
—incluidos expedientes judiciales en Estados Unidos y Europa— han documentado
cómo oficiales de alto rango facilitan, protegen y coordinan rutas de droga que
atraviesan Venezuela rumbo al Caribe, Centroamérica y Estados Unidos.
Este fenómeno no es un mero desliz institucional. Es la
muestra más contundente de cómo el aparato militar del país dejó de servir a
los ciudadanos para ponerse al servicio de un negocio que genera miles de
millones de dólares al año.
Quien controla las armas controla el territorio. Y en
Venezuela, quienes controlan las armas hace tiempo que dejaron de obedecer la
Constitución.
Cuando el Estado falla, la economía se convierte en
sobrevivencia. Cuando el Estado colapsa, la economía se criminaliza. En
Venezuela, la hiperinflación, la escasez, el desabasto y la destrucción de la
industria nacional crearon un terreno fértil para que el narcotráfico se
insertara como sustituto del mercado legítimo.
No solo se trafica droga: se trafica gasolina,
alimentos, medicinas, divisas, permisos, influencias, libertades. La frontera
entre la economía informal y la criminalidad desapareció. Y en medio de esa
confusión deliberada, el Estado —o lo que queda de él— funciona como un árbitro
corrupto que permite o prohíbe según la conveniencia del día.
Las zonas fronterizas, particularmente las colindantes
con Colombia, se han convertido en espacios controlados por una mezcla
explosiva: guerrilla colombiana, bandas locales, colectivos armados y fuerzas
militares venezolanas que operan con autonomía y coordinación cuando conviene.
El Estado venezolano ya no ejerce soberanía plena sobre
su propio territorio. Lo administra por delegación criminal. Y eso significa
que millones de ciudadanos viven sin ley, sin justicia y sin seguridad,
sometidos a la autoridad más violenta o mejor armada del momento.
Quizá lo más doloroso no es la existencia del narcogobierno,
sino su normalización. La sociedad internacional continúa actuando como si en
Venezuela hubiese un conflicto político tradicional, como si bastara con
“diálogo”, “negociación” o “acuerdos electorales”. Pero ¿cómo se negocia con un
régimen cuyo poder real no reside en votos, sino en redes criminales?
El error ha sido tratar al régimen de Nicolás Maduro
como un actor político cuando en realidad opera como una organización criminal
que usa la estructura del Estado como escudo y como herramienta. Mientras no se
nombre lo que es, las soluciones siempre serán insuficientes.
Los venezolanos están atrapados entre dos silencios: el
de su propio gobierno, que les ha arrebatado derechos básicos, y el de una
comunidad internacional que se limita a condenas tibias y comunicados
diplomáticos.
Mientras tanto, millones migran, miles arriesgan la
vida, y otros tantos sobreviven dentro del país en condiciones indignas. La
resistencia civil ha sido admirable, pero ¿cómo enfrentar un régimen que no
tiene incentivos para ceder porque su supervivencia depende, literalmente, del
negocio criminal?
Llamar a las cosas por su nombre no es un acto de
hostilidad; es un acto de responsabilidad. Venezuela vive bajo un narcogobierno
y ese reconocimiento es el primer paso para articular una salida real.
La reconstrucción futura del país —porque llegará,
tarde o temprano— requerirá limpiar no solo las instituciones, sino el alma
completa de una nación que ha sido sometida, saqueada y traicionada por quienes
juraron defenderla.
Venezuela no necesita un cambio de gobierno: necesita recuperar el Estado que le fue arrebatado.
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