Caso implica al alcalde provincial de Nasca.
Mas de 100 sitios arqueológicos están afectados en 2397 km².
El Primer Despacho de la Segunda
Fiscalía Penal Corporativa de Nasca abrió investigación preliminar por el
delito de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes de
funcionarios públicos y abuso de autoridad en agravio al Estado Peruano. Ello
por la reducción del área de protección que comprende las Líneas y Geoglifos de
Nasca y Palpa.
Los funcionarios bajo investigación son J. Gutiérrez A., responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica; J. Isla C., responsable del Sistema de Gestión Nasca – Palpa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica y W. Bravo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca.
Según la indagación del fiscal provincial José Meléndez Curasi, las
Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, sitios declarados Patrimonio Mundial por
la Unesco desde 1993, comprende un área reservada de 5,633.47 km². Sin embargo,
la Resolu-ción Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC emitida por la
Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, redujo esta área a 3,235 km²
dejando desprotegidos más de dos mil kilómetros con más de 100 sitios
arqueológicos de interés nacional.
La reducción habría sido irregular, sin cumplir requisitos reglamentarios
y habría favorecido intereses mineros para operar en las zonas afectadas, así
como al tráfico de terrenos. El plazo de la investigación preliminar es por 60
días y podrá extenderse conforme avancen las pesquisas.
Cabe precisar que otros funcionarios del Ministerio de Cultura,
incluyendo al ministro Fabricio Valencia Gibaja, están siendo investigados por
la Fiscalía Superior Penal Gestor de la Segunda Fiscalía Coordinadora Penal de
Santiago de Surco - Barranco, que realiza funciones adicionales como
coordinador nacional en Delitos contra el Patrimonio Cultural de Lima.
Asimismo, por la complejidad del caso, este también ha sido derivado a la
Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Ica, donde ya se
investigan los hechos por el delito de cohecho activo propio.
De esta manera, el Ministerio Público reafirma su compro-miso con la
protección del patrimonio cultural.
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