Condicionar la atención a la presentación del documento médico representaría un acto de discriminación, advierte el ente rector.
Las notarías no deben solicitar ni
exigir la presentación del certificado de salud mental a adultos mayores con
discapacidad que requieran de sus servicios, así lo informó el Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Para el ente
rector, esta mala práctica podría representar un acto de discriminación, dado
que vulnera el derecho a la igualdad, autonomía y voluntad de esta población.
De acuerdo con el Censo del 2017, en el Perú, el 40.1 % de la población
con discapacidad (1 286 843 personas) son adultos mayores (de 60 años a más).
Esta población suele recurrir a las notarías para realizar diversos trámites,
como testamentos, anticipos de herencia y sucesiones intestadas; no obstante,
su capacidad de toma de decisión y autonomía podría verse vulneradas ante la
exigencia de presentar, previamente, su certificado de salud mental o médico.
El Conadis precisa este y otros alcances en el Informe Técnico Vinculante
Nº D000004-2023-CONADIS-DPI. En el documento, la entidad señala que, si bien
una de las funciones de mayor importancia del notario es la de verificar la
capacidad y voluntad de los adultos mayores con discapacidad, estas deben
expresarse libremente, aun si la persona requiere de un alto nivel de apoyo
para formarlas; y no a través de pruebas de inteligencia u otros documentos,
como el certificado de salud mental, que terminan obstaculizando el ejercicio
de su capacidad jurídica.
Por otro lado, el informe también precisa que las notarías no deben
condicionar a las personas adultas mayores con discapacidad de ir acompañadas
de un familiar o una persona de apoyo, ya que vulnera su autonomía. Esta
decisión corresponde únicamente a la propia persona.
“Las y los notarios desempeñan un papel fundamental como salvaguardias en
la protección de los adultos mayores con discapacidad en los servicios
notariales. En ese sentido, su intervención busca asegurar la legitimidad y la
autonomía en los actos jurídicos de los adultos mayores con discapacidad,
brindando así una mayor seguridad jurídica en sus decisiones”, concluye el
informe.
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