Mujer retenía a mujeres y las explotaba sexualmente.
La Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada de los Distritos Fiscales de
Ica y Cañete (Primer Despacho), a cargo del fiscal Percy Samir Palomino Cruz,
logró que se sentencie a 32 años de pena privativa de libertad efectiva a la
ciudadana de nacionalidad venezolana Greismar Yulexi Arza Sumosa, por el delito
contra la dignidad humana - trata de personas agravada y explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes.
Según la acusación fiscal, se le imputa ser autora del ilícito penal de
trata de personas agravada y explotación sexual en agravio de seis menores y de
cuatro mujeres adultas, de nacionalidad venezolana, quienes fueron captadas en
su país y trasladadas por vía terrestre a Perú con el ofrecimiento de falsos
puestos de trabajo.
De la investigación se conoció que, en la ruta de traslado, las víctimas
contactaban con personas a quienes llamaban "asesores", quienes —por
versión de una de las agraviadas— pertenecerían al Tren de Aragua y eran los
responsables de cuidarlas y monitorearlas hasta que lleguen al lugar de
destino.
Ya en el Perú, las agraviadas
fueron trasladadas a Ica, donde fueron acogidas y retenidas por la acusada, en
una vivienda ubicada en el sector de Manzanilla. En esta ciudad fueron
obligadas a trabajar en diferentes prostíbulos de la ciudad, imponiéndoles el
pago de una multa de S/15 000 por el transporte, hospedaje y alimentación de
cada una y, con el fin de que no se escapen, eran vigiladas por otro miembro de
la red criminal, quien junto a la acusada las amenazaba —personalmente o a
través de WhatsApp— con atentar contra su vida o la de sus familiares.
También se conoció que Arza Sumosa cobraba y recaudaba el dinero producto
de la explotación sexual y se encargaba de distribuirlo y pagar el traslado, la
plaza y la multa dejándole, a las víctimas, solo un 20% de su ingreso diario.
Ante esta sentencia, el fiscal superior Jorge Wayner Chávez Cotrina,
coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad
Organizada, reiteró el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal
contra las organizaciones criminales.
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