Firmaron compromiso de cooperación para que
sentenciados no trabajen en colegios
Cerca de 3 mil
sentenciados ya se encuentran bloqueados de la planilla AIRSP y no podrán ser
contratados en el sector público.
Para proteger
y brindar seguridad a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas de
todo el país, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y el Ministerio
de Educación – Minedu suscribieron un acuerdo de trabajo con-junto, para que
nunca más se permita que personas sentenciadas puedan estar al frente de un
aula y pongan en riesgo la integridad de los alumnos.
Esto será posible gracias a que SERVIR consolidará la
información que remitirá la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y
Anticorrupción (OTEPA) del Ministerio de Educación, en base a los reportes del
Registro Nacional Judicial (RENAJU) del Poder Judicial y otros, para que los
directores de las escuelas públicas y privadas conozcan a los docentes
impedidos de contratar por encontrarse condenados por delitos como graves como
violación sexual, terrorismo, entre otros; y así evitar que vuelvan a ejercer
la docencia en las aulas públicas o privadas.
Al respecto, la presidenta ejecutiva de la SERVIR, Ana
Pari Morales, saludo este esfuerzo entre ambas entidades que busca fortalecer
la idoneidad en el Estado, sobre todo en los docentes y el personal del sector
Educación, por tener como parte de su labor la protección a los niños.
“Las personas que han estado implicadas en delitos,
que han sido condenados, ya se encuentran bloqueadas en el AIRHSP (Aplicativo
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los
Recursos Humanos del Sector Público) y no podrán ser contratados nunca más en
el sector Educación. Los directores de escuelas podrán encontrar esa
información en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles
(RNSSC)”, dijo.
Por su parte, la ministra de Educación, Magnet
Márquez, explicó que, con este sistema de operatividad, logrado con el apoyo de
SERVIR y el MEF, la planilla de recursos humanos del sector público ya ha bloqueado
de forma definitiva a los 2,612 condenados, quienes fueron separados del
sistema educativo.
“El Ministerio de Educación tiene acceso al registro
nacional de condenados del Poder Judicial, por lo que permanentemente se
verificará con nuestra planilla para no permitir que puedan generarse sus
pagos. Esta labor será coordinada con el MEF y SERVIR”, indicó la titular de
Educación.
De los 2,612 condenados, el mayor número es por
violación de la libertad sexual con 1,833 condenados, 509 por tráfico de
drogas, 81 por terrorismo y apología del terrorismo, 78 por homicidio doloso,
37 por proxenetismo, 26 por secuestro, 12 por parricidio y 11 por secuestro
extorsivo, entre otros delitos.
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