Informes de control detectaron sospechosa modalidad de transacciones fraudulentas en diferentes municipalidades y gobiernos regionales del país
Una nueva modalidad de operaciones fraudulentas en diferentes municipalidades y gobiernos regionales, conocida como “pagos fantasmas”, fue identificado por la Contraloría General de la República y hasta el mes de setiembre se evidenciaron operaciones de este tipo en nueve informes de control que involucran un monto total de S/ 35 860 808.26 que fueron transferidos a terceros sin vínculo laboral alguno con las instituciones involucradas.
La modalidad de transacciones fantasmas
consiste en el uso irregular, por parte de funcionarios o servidores públicos,
de un código autorizado para aprobar y ejecutar fases de gasto sin sustento
documental en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para
luego efectuar pagos a terceros sin vínculo contractual con la entidad.
El mayor monto involucrado en esta modalidad
de transacción fraudulenta se registró en la Municipalidad Provincial de Padre
Abad, en la región Ucayali, donde se detectó un perjuicio económico de S/ 10 275
825.82, según Informe de Auditoría. En
la misma región Ucayali se detectó un caso similar en la Municipalidad
Distrital de Manantay, donde determinó que un usuario inactivo de clave SIAF y
con claves de acceso a cuentas bancarias, registró información no acorde con la
realidad en dicho sistema y se permitió transferir la suma de S/ 1 003 635 a
las cuentas bancarias de dos empresas y una persona natural que no tienen
ningún vínculo con la entidad.
Mientras que en la región Cajamarca, se
detectó que servidores de la Municipalidad Distrital de Callayuc autorizaron sin
justificación alguna, a través de operaciones en el SIAF, la transferencia de
recursos a favor de terceros, ocasionando un perjuicio económico por S/ 8 861
067.69.
Otra “transferencia fantasma” se registró en
el Gobierno Regional de Tumbes, donde se permitió descubrir que funcionarios y
servidores de la entidad aprobaron cuatro certificaciones de crédito presupuestario
irregulares que no contaban con documentación que sustente dichas operaciones
por un total de S/ 7 531 585.32 a favor de tres empresas que no realizaron
prestación alguna a la entidad. De ese total, no se concretaron transferencias
por S/ 3 395 534 y S/ 1 981 76.32, debido que se transfirieron a cuentas
bancarias inactivas; mientras que el saldo de S/ 2 154 875 fue devuelto por la
empresa que recibió la transferencia.
En la región Loreto, se detectaron dos “pagos
fantasmas” realizados en la Municipalidad Distrital de Inahuaya y la Municipalidad
Provincial de Ucayali, respectivamente.
Otro caso similar fue detectado en la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, también en Loreto, donde se pudo
detectar que en mayo del 2019 se ejecutaron pagos por S/ 736 318.64 a favor de
una empresa que no tenía vínculo contractual con la entidad.
La provincia de Lima Metropolitana tampoco se
libra de registrar estas prácticas de malos funcionarios públicos, tal como se
pudo evidenciar en el Informe de Control realizado a la Municipalidad Distrital
de Villa María del Triunfo, donde se detectó un perjuicio económico de S/ 1 000
000.
Mientras que en la región Callao, la
Contraloría detectó un perjuicio económico de S/ 3 867 559.33 en contra de la
Municipalidad Distrital de Ventanilla.
Según el Informe de Control Específico N°
001-2021-2-16-23-SCE, se realizaron un total de 39 operaciones de gasto generadas
en el SIAF, que luego fueron utilizadas para desembolsar los más de S/ 3
millones a favor de dos terceros que no realizaron contraprestación alguna a la
entidad.
Por estos hechos, encontrados por la Contraloría se determinó presuntas
responsabilidades en funcionarios y ex funcionarios
de las entidades, por presunta responsabilidad civil, penal y administrativa;
dependiendo de “las operaciones” realizadas que perjudicaron a las entidades
mencionadas.
La Contraloría sigue el rastro de operaciones
similares que se podrían estar realizando en otras regiones del país.
Finalmente, en virtud de los resultados y las
responsabilidades administrativas, civiles y pena-les que ha identificado la
Contraloría General, se hace un llamado a todas las entidades involucradas para
que concreten, de manera inmediata, las medidas correctivas, recomendaciones y
sanciones contra los funcionarios y ex funcionarios y servidores públicos
involucrados en estos hechos, con la finalidad de sancionarlos efectivamente y
así erradicar estos actos que afectan el correcto destino y uso de los recursos
públicos.
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