miércoles, 15 de septiembre de 2021

Ministro de Justicia destacó importancia de medidas de prevención en penales del país frente a una eventual tercera ola de la COVID-19


 El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, destacó la importancia de adoptar medidas de prevención eficaces para evitar el contagio de la Covid-19, especialmente en el caso de población vulnerable, como son las personas privadas de su libertad en los establecimientos penitenciarios del país.

 “Como funcionarios públicos no debemos perder la consciencia y el sentido de responsabilidad frente a la gravedad de la pandemia”, apuntó durante su intervención en la reunión de coordinación entre todas las oficinas regionales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El ministro participó de manera virtual en la actividad, que tuvo como objetivo reforzar e implementar medidas de prevención y contención en los establecimientos penitenciarios ante una tercera ola de la Covid-19. 

El titular del sector refirió además que los servidores y servidoras del INPE deben actuar lo mejor posible con los recursos con los que se cuentan, teniendo como parámetro esencial el respeto de los derechos fundamentales.

En ese sentido, subrayó que se han desarrollado mejores condiciones médicas y de comunicación de los internos con sus familiares a través de las videollamadas, y se han hecho esfuerzos por poner a disposición de los servidores penitenciarios un actualizado “Manual de derechos humanos aplicados a la función penitenciaria” como instrumento básico para las acciones de seguridad y prevención del mal uso de la fuerza, entre otras.

En la cita participaron el viceministro de Justicia, Gilmar Andía Zúñiga; la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Susana Silva Hasembank; la directora de la Oficina Regional del Centro Huancayo, Ana Urraca Anicame; así como otros directores y directoras regionales.

La jornada abordó cuatro ejes temáticos: las medidas de refuerzo frente a una posible tercera ola de Covid-19; los lineamientos para reforzar la política anticorrupción en el INPE, las medidas de reordenamiento de la POPE para mitigar los efectos de hacinamiento, y la adopción de medidas para cerrar las brechas tecnológicas de seguridad penitenciaria.

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