viernes, 16 de julio de 2021

Más de 40 000 escolares de secundaria participan en veedurías sobre limpieza pública

 

Contraloría promueve dicha actividad a través de su Programa Auditores Juveniles


Estudiantes de secundaria de colegios públicos y privados realizarán más de 40 mil veedurías escolares virtuales en todo el país para verificar el recojo de residuos sólidos, así como la limpieza y la desinfección de las calles aledañas a sus viviendas, en el marco del Programa Auditores Juveniles de la Contraloría General.

La actividad, que se inició el 12 de julio de 2021 y se desarrollará hasta el 25 de julio próximo, tiene como finalidad conocer la percepción de los estudiantes sobre la calidad del servicio de limpieza pública durante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, así como promover y fortalecer sus capacidades de participación ciudadana e incrementar su conocimiento sobre la importancia del tratamiento de residuos sólidos y el reciclaje.

Los escolares de las 25 regiones del país verificarán temas relacionados a la difusión por parte de las municipalidades sobre la frecuencia y horarios de recolección de residuos sólidos, la colocación de papeleras y contenedores en lugares públicos, la acumulación de residuos sólidos en calles, colegios, centros de salud y mercados, así como el barrido de las vías públicas; la promoción de la separación de residuos sólidos para el reciclaje, entre otros.

Las veedurías escolares virtuales, que se desarrollan con el apoyo de los padres de familia, se realizarán de acuerdo a la siguiente distribución. Para la región Ica la meta es 1,217 veedores, para Lima 13,631, Ayacucho 822, Huancavelica 398, de esta forma se tendrá veedores para todas las regiones.

La veeduría escolar es una actividad de vigilancia ciudadana que se ejecuta en el marco del Programa Auditores Juveniles para promover valores éticos, cívicos e impulsar una cultura democrática y de integridad en los alumnos de secundaria.

Esta actividad contribuye al fortalecimiento del control social y fomenta el correcto uso de los bienes y servicios públicos, como medida preventiva en la lucha contra la corrupción.

 

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