Por : Oscar Velit Bailetti
¿Por qué nos preocupa la corrupción oficial y qué se
debe hacerse al respecto?
¿ Que dicen nuestros candidatos al Congreso……
En las iniciativas para erradicar la
corrupción no se ha de ver una especie de campaña moral de interés, sólo para
reformadores idealistas e ingenuos. Más bien se deben considerar en términos
prácticos, a saber, como iniciativas que surten efectos tangibles en la
economía y en la calidad de vida de nuestra provincia.
Más aún: es ventajoso considerar la
corrupción con base en un riguroso criterio de costos y beneficios. El
desencanto que provocan los funcionarios públicos elegidos popularmente que
llegan a sus cargos con medios fraudulentos y claramente corruptos. La creación
de dos sistemas de justicia: uno para los que pagan y otro para los que
no. La observancia de la ley se viene abajo cuando los litigantes presumen
que se paga a la policía, a fiscales o a jueces para «proteger» actividades
ilegales. La evasión fiscal deteriora la equidad del sistema impositivo y
reduce la recaudación. El desperdicio y la corrupción en el gobierno
aumenta la factura a pagar por cada contribuyente y lo hace más reacio a
aportar para costear el gasto público necesario. Los delitos corporativos
cometidos mediante irregularidades contables y el uso indebido de información
privilegiada, por ejemplo, pueden provocar pérdidas multimillonarias a los
accionistas y reducir los fondos para el retiro de los empleados. Además,
todas estas actividades pueden erosionar el imperio de la ley y los derechos
civiles de todos los ciudadanos. Los beneficios de un esfuerzo eficaz para
combatir la corrupción son –en realidad la otra cara de la moneda: Hay mayor
confianza en los funcionarios públicos. Se intensifica la percepción de
que la ley es verdaderamente equitativa. El gobierno es más eficiente y
eficaz. Las fuerzas del mercado son más eficientes y eficaces, y son
mayores las posibilidades de que crezca la economía y aumente la generación de empleos. El
contribuyente paga costos más bajos.
EL PEOR DE LOS MALES Y EL MAYOR DE LOS RETOS
La corrupción global figura actualmente
y casi diario en la primera plana de los periódicos y entre las noticias más
importantes.
En torno a ello, expongo brevemente una
lista básica de las condiciones mínimas a satisfacer para ejecutar un programa
eficaz contra la corrupción - 1. Deberá ser un hecho que
existan estipulaciones y estatutos constitucionales que propicien un gobierno
transparente, al que se le pueda exigir que rinda cuentas. La legislación penal
deberá ser precisa y directa; definir claramente qué cosa son delitos, como el
soborno y la extorsión; y deberá estar sujeta a revisiones periódicas, a fin de
anticiparse a los delincuentes, cuyo ingenio diseña nuevas y artificiosas
formas de obtener lucro ilícito.
Las reglas de los procedimientos legales
deberán suministrar a los agentes encargados del cumplimiento de la ley, las
herramientas que necesitan para llevar a cabo sus responsabilidades, como
órdenes de cateo para registrar eficazmente personas e instalaciones en busca
de pruebas. Además, los cuerpos legislativos deberán conceder a investigadores
y procuradores el estatus de inmunidad para sus testigos, a fin de que puedan
testificar contra «influyentes» en casos de conspiración; la facultad, aprobada
por tribunales, de intervenir líneas telefónicas; y la capacidad de confiscar
bienes y combatir el lavado de dinero, a fin de identificar y recuperar
ganancias mal habidas e interrumpir el financiamiento de empresas corruptas.
Asimismo, se deberá garantizar la necesaria protección a testigos y
«delatores», y los tribunales deberán estar facultados para poder derrotar
cualquier intento de obstruir la impartición de la justicia. 2. El
personal dedicado a hacer cumplir la ley (policías y pro-curadores) deberá ser
completamente profesional, adecuadamente entrenado y remunerado, y estar a
salvo de la influencia política. En casos de corrupción, reunir pruebas a
menudo implica la muy laboriosa tarea de seguir una complicada «pista de
papel», que puede ser muy elaborada y podría exigir conocimientos contables
criminológicos. Sólo muy rara vez se reúnen pruebas de actividades corruptas
«derribando una puerta y confiscando evidencia».
Oficinas como las de los inspectores
generales en dependencias gubernamentales, con frecuencia pueden suministrar
una primera línea de defensa contra actividades corruptas. Comisiones
especiales de investigación, como las muy respetadas Comisiones independientes
contra la corrupción y los grupos municipales anti-corrupción,. La complejidad
de las actividades encaminadas a hacer cumplir la ley deberá empeñarse
continuamente en estar a la par de la complejidad de las empresas delictivas
que combaten.
3. Algo decisivo: un poder judicial
verdaderamente independiente, integrado por jueces facultados para abordar y
decidir los casos que persigan con base en las pruebas obtenidas por el
personal encargado de hacer cumplir la ley. Hasta las investigaciones más
eficaces serán en balde si no hay jueces imparciales e incorruptibles que
conozcan las acusaciones penales correspondientes. Los jueces deberán ser
apolíticos, seleccionados sólo por sus méritos y gozar de protección en virtud
de su buen comportamiento en el cargo.
Asimismo, deberán existir procedimientos
adecuados para re- mover jueces de conducta dudosa, para mantener algo el nivel
de confianza. Y, pese a que deberán estar conscientes de las limitaciones del
proceso judicial, deberán ser igualmente inexorables a la hora de identificar y
castigar en forma adecuada a quienes incurran en cualquier tipo de actividad
ilícita.
4. Apoyo público a todas las actividades
anti-corrupción., podría exigir la transformación de toda su cultura política.
Podría ayudar una prensa libre y resuelta, capaz de llevar a cabo sus propias
investigaciones de actividades sospechosas, también pueden contribuir las
organizaciones no gubernamentales actuando como «guardianes» al pendiente de
las fechorías del gobierno. Una vigorosa actividad política puede coadyuvar a
garantizar que los pesos y contrapesos esenciales a una leal oposición
legislativa, y el toma y daca de procesos electorales duramente peleados,
sirvan para denunciar y erradicar actividades corruptas.
5. Por último, y de mayor importancia, la
necesidad de que los líderes políticos manifiesten un compromiso sólido,
continuo y evidente hacia la integridad de todas las operaciones
gubernamentales. Si falta voluntad política para combatir la corrupción, habrá
que poner en práctica estas recomendaciones. Los líderes que gobiernen honrada
y eficazmente deberán ser un modelo a seguir para sus colegas en el servicio
público y para la sociedad en su conjunto. Sin tal liderazgo, fracasará
cualquier iniciativa contra la corrupción, sin importar lo bien que haya sido
diseñada.
Pero también hay errores que deberán
evitarse. A menudo se tiene la falsa noción de que la simple extensión de la
labor realizada por unidades ya existentes de auditoría y recursos humanos hace
innecesario que se recluten investigadores y procuradores con aptitudes
especializadas. Entonces, las unidades que combaten la corrupción
frecuentemente son consideradas «tiradedos» donde van a dar oficiales y
empleados disfuncionales, en lugar de resaltar claramente el profesionalismo y
la integridad de sus miembros.
Y por último, si bien tales unidades
deberán «seguir la pista hasta donde lleve», siempre se deberá cuidar que las
investigaciones no vayan más allá de lo debido, con base en puras
especulaciones, meras hipótesis, e incluso a veces por animadversión o prejuicios
personales o políticos.
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