viernes, 24 de enero de 2020

Debe declararse en emergencia la Seguridad Ciudadana Por: Oscar Velit Bailetti.- Especialista en Seguridad Ciudadana





Muchas ciudades del Perú, por no decir todas se encuentran atravesando de una alta peligrosidad en lo que concierne a la Inseguridad Ciudadana; todos los días nos encontramos con noticias, radial, televisivas y escritas, de robos, asaltos, pandillaje, marcas, asesinatos, extorsión, feminicidios, robos a casas comerciales, entidades públicas y privadas, robo de carros, moto taxis, motos lineales y otros. Y Chincha no es ajena a estos acontecimientos.
El nivel de inseguridad ha crecido notablemente siendo la delincuencia la que más terreno ha ganado, ante los continuos asaltos y crímenes que se vienen suscitando. 
 Hay muchos hechos lamentables; la salud, la integridad física y la vida de nuestros conciudadanos y de nosotros mismos están en riesgo.
Por estas razones considero que se debe declarar en Estado de Emergencia la Seguridad Ciudadana; dicha solicitud pasa por un acuerdo del Consejo Municipal de Chincha, siendo esta institución la que está autorizada de declarar en emergencia el nivel de inseguridad ciudadana.
Esta puede declararse en un inicio por 90 días. Esto permitirá la mayor contratación de serenos, adquirir autos, motos, radios, cámaras de vigilancia y equipos especiales que serán usados para ofrecer una mayor seguridad en las calles.
 La Municipalidad dará prioridad a todas las acciones de la administración municipal que se tomen para reforzar la lucha frontal contra la inseguridad, ejecutando planes, operaciones y estrategias con el apoyo de la Policía Nacional de Perú y de los vecinos organizados.
El acuerdo se toma luego que la Gerencia de Coordinación de Seguridad Ciudadana  solicita al Concejo tomar en cuenta esta medida preventiva en los próximos tres meses, tiempo en el cual se deberá repotenciar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, especialmente aumentando el número de serenos, equipando el parque automotor que hace  años no se renueva, y seguir llevando a cabo operativos con la Policía Nacional y el Serenazgo Sin Fronteras, contado siempre con el apoyo incondicional de los vecinos.
El Estado también debería de tomar en cuenta éste pedido y declarar en emergencia la seguridad ciudadana con el objeto de dar celeridad a la legislación sobre esa materia, además que el Estado de Emergencia proporciona un marco normativo que permite expedir Decretosde Urgencia, de modo que se pueda dar solución inmediata a los problemas de carácter administrativo, que dificultan el uso del presupuesto destinado a la seguridad ciudadana.  
El Estado de Emergencia es un régimen de excepción, dispuesto por el Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros, en todo o parte del territorio nacional, por un plazo determinado (hasta por sesenta días), en caso de perturbación de la paz o del orden interno. Debemos recordar que la facultad del Ejecutivo para legislar con Decretos de Urgencia es independiente de la declaración de un Estado de Emergencia. Es decir, que no es necesario declarar un Estado de Emergencia para que puedan darse Decretos de Urgencia. Por otro lado, los Decretos de Urgencia son instrumentos legislativos que pueden ser utilizados de manera excepcional y subsidiaria por el Poder Ejecutivo, es decir, únicamente cuando, dada la gravedad de la situación no es posible o resulta altamente inconveniente esperar la intervención del Congreso. Una figura jurídica más próxima a las propuestas del presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso sería, en todo caso, la Situación de Emergencia. Esta se encuentra prevista en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y permite a la entidad exonerarse de los procesos de selección regulares, a fin de actuar con mayor celeridad para contratar bienes y/o servicios.
 Entendemos la gravedad de los problemas relacionados con la inseguridad ciudadana y que estos deben ser resueltos con prontitud. Sin embargo, las soluciones que buscamos deben estar fundadas en una política integral de seguridad ciudadana que controle y prevenga el delito, y que contenga mecanismos referidos a la administración y el uso del presupuesto de manera planificada.

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