A NIVEL
NACIONAL SON MÁS DE DOS MIL FUNCIONARIOS
LA
CONTRALORÍA LOS SANCIONÓ ADMINISTRATIVAMENTE POR INCONDUCTA FUNCIONAL Y
SANCIONES CONTINÚAN VIGENTES
La
Contraloría General reveló que en la región Ica un total de 11 entre
funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos o inhabilitados
temporalmente para ejercer la función pública, al haber sido sancionados
administrativamente por inconducta funcional (sanciones vigentes al 31 de abril
del 2019).
La situación
de estos sancionados no se verá afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional
porque se trata de sanciones firmes o consentidas (El fallo del TC de manera
literal precisa que su decisión no tiene efectos retroactivos, lo cual además
se encuentra establecido en la propia Constitución Política del Perú).
A nivel nacional la Contraloría General
sancionó a 2,137 funcionarios y servidores públicos y los departamentos que concentran
el mayor número de sancionados por la Contraloría son Lima (436), Cusco (201),
Cajamarca (146), Lambayeque (120) y Puno (108). Mientras que los departamentos
con menor número de sancionados son Ica (11), Callao (17), Madre de Dios (19),
Moquegua (26) y Loreto (37).
El 97% de
los sancionados administrativamente a nivel nacional fueron inhabilitados para
ejercer la función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación
laboral con el Estado. Mientras que el 3% fueron suspendidos temporal-mente (de
30 a 360 días).
Entre las infracciones administrativas más
frecuentes figuran:
•Actuar
parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos,
licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o
cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su
cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de
tercero.
•Incumplir
las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional,
generando grave perjuicio al Estado.
•Incumplir,
negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones
a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su
función o cargo.
SANCIONES
ESTÁN VIGENTES
La
Contraloría General explicó que al 31 de abril, existen 2,398 sanciones vigentes
que comprenden a 2,137 funcionarios y servidores públicos que están suspendidos
o inhabilitados para trabajar en el Estado. Algunos de estos funcionarios
cuentan con dos a más sanciones vigentes.
Las
sanciones vigentes han sido comunicadas a los titulares de las entidades
públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones
emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS)
contra los funcionarios que incurrieron en inconducta funcional.
Como parte
de la nueva política de transparencia y acceso a la información, se ha
publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, el listado de
funcionarios y servidores públicos con sanción vigente. Dicho listado también
figura en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles de la
Autoridad del Servicio Civil (SERVIR).
Más de 15 mil funcionarios
Actualmente,
existen Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) que involucran a más de
15,600 funcionarios y servidores públicos, los cuales se encuentran paralizados
tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que limitó las facultades
sancionadoras de la Contraloría General.
El Órgano
Superior de Control ha expresado su preocupación por la demora del TC para
precisar los alcances de su sentencia, lo que permitirá conocer en qué
situación quedarán los procesos administrativos abiertos a funcionarios que han
incurrido en posible inconducta funcional.
El TC ha
informado que en junio responderá el pedido de aclaración de su sentencia (contenida
en el expediente N° 0020-2015-PI/TC del 23 de abril de 2019)
Como
consecuencia de este fallo, cerca de 600 funcionarios y servidores públicos
presentaron solicitudes para declarar la nulidad, suspensión y el archivamiento
de los procesos PAS que se encontraban consentidos o en trámite, lo que podría
incrementar la sensación de impunidad.
