Autoridades no
hacen nada por contrarrestar al Crimen Organizado
Por: Oscar Velit Bailetti - Especialista en Seguridad Ciudadana
El porcentaje de jóvenes que, incluso teniendo estudios, no tiene
acceso a empleos estables y remunerados es muy alto. Esto hace que muchos de
ellos, ante la falta de alternativas, sean oferta laboral para la demanda de
quienes se dedican al narcomenudeo o a la delincuencia organizada. La precariedad
del trabajo y el subempleo también están entre los factores que explican la
violencia urbana.
Los cambios motivados por la globalización no han estado
acompañados por la necesaria reforma política y social que requiere nuestra provincia. Se hace muy difícil el diálogo entre nuestras
autoridades, quienes ante los graves problemas, muchas veces se encierran en
posiciones irreductibles, no se escuchan, se ofenden y descalifican, niegan
sistemáticamente al adversario rechazando irreflexivamente sus propuestas, con
la consiguiente dificultad para lograr acuerdos viables y consensos que
capitalicen la buena voluntad de la mayoría de los ciudadanos para alcanzar el
bien común de toda la provincia.
En medio de la crisis de
inseguridad y violencia, se van organizando grupos sociales que de distintas
maneras buscan hacer sentir su frustración social ante las insuficientes garantías
de seguridad que tienen los ciudadanos y ante la impunidad en que quedan muchos
delitos del crimen organizado. Muchas personas, al dolor de haber perdido un
ser querido o a su condición de víctimas inocentes, añaden la impotencia de
respuestas parciales, en ocasiones contradictorias y hasta cómplices de las
instancias de servicio público. Cuando la frustración de estos grupos sociales
es capitalizada por actores políticos para sus propios fines, aumenta el riesgo
de reivindicaciones violentas y el peligro para la sociedad.
Los nuevos contextos de un
mundo globalizado y la problemática de la inseguridad y violencia en la que
vivimos exigen la renovación de los encargados de velar por nuestra seguridad.
No se pueden resolver los problemas sociales aplicando sin más la lógica
mercantil. Cuando esto sucede las instituciones se configuran con esta lógica y
diseñan la prestación de sus servicios en la dinámica de la oferta y la
demanda. Por ello y por presiones de distinto tipo se tiene dificultades para
definir una política real y efectiva de seguridad ciudadana con la
participación de todas las autoridades no de manera independiente sino conjunta
y que también lleve a la superación de la pobreza y propicie condiciones y
oportunidades de desarrollo humano integral, mediante convenio con las empresas
a través de una justa y adecuada distribución de la riqueza.
En algunos municipios no se
ha podido desterrar, en su implementación, el clientelismo político que
desvirtúa la figura del derecho habiente, propiciando, en muchos casos, paternalismo
y dependencia en los ciudadanos, que se ven a sí mismos como beneficiarios de
apoyos que los comprometen, y no como ciudadanos con derechos y deberes; donde
se benefician muchos dirigentes de AAHH,
Upis, Centros Poblados, entre otros.
Hay descontento social por
los errores en la gestión de las políticas públicas para la supe-ración de la
pobreza. Las transferencias económicas habilitan para el consumo, resolviendo
en el corto plazo, pero no de raíz, algunos problemas urgentes. En ocasiones la
situación de pobreza es aprovechada por quienes tienen ganancias ilícitas para
legitimarse delante de la población mediante ayudas o apoyos a las necesidades
de la comunidad.
Hay disimulo y tolerancia
con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la procuración,
impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad,
las deficiencias en la administración de justicia —por incapacidad,
irresponsabilidad o corrupción—. Se ha hecho evidente la infiltración de la
delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se
puede delinquir con mayor facilidad.
La corrupción es una forma
de violencia que, al inocularse en las estructuras de servicio público, se
transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone «la
mordida» como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio
gratuito. Este tipo de delincuencia se defiende a sí misma de manera violenta,
llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el desprecio, difamación y
aislamiento de los funcionarios que no participan en este ilícito. El combate a
la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su
toma de decisiones y caen en la complicidad. Esta situación de corrupción
institucionalizada hace sentir la necesidad de autonomía en la procuración de
justicia. Hay factores que contribuyen a la violencia provocada por el crimen
organizado en las estructuras que se han deteriorado por la corrupción, la
impunidad y el autoritarismo. Es urgente superar definitivamente la anticultura
del fraude; de los privilegios de unos cuantos y consolidar procesos e
instituciones que permitan la representación de toda la sociedad, a través de
métodos transparentes a las que la ciudadanía les pueda pedir cuentas de su
actuar a nuestras autoridades.
La seguridad de los
ciudadanos es tarea del Estado. Si entendemos la seguridad ciudadana como
"la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de
violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros, el
objetivo de las políticas del Estado tendría que orientarse a liberar a las
personas del miedo a ser agredido o despojado de lo necesario para vivir. Este
sería el camino para el fortalecimiento de las capacidades del Estado. En una visión
no represiva de su tarea, su esfuerzo tendría que orientarse a la satisfacción
de necesidades básicas.
La inseguridad es puerta de
entrada al ejercicio intimidatorio de la autoridad siguiendo el principio de
que es más fácil gobernar a una sociedad con miedo. Las prácticas despóticas y
autoritarias para combatir el crimen no se justifican en un estado democrático,
provocan miedo y desconfianza y con ello debilitan el tejido social, cerrando
así el círculo vicioso de la inseguridad. Es necesario revisar el sistema de
"denuncia anónima" para que no sea la base de un sistema de justicia
en el que fácilmente se pueden violar los derechos humanos y que puede ser
usado para venganzas y motivo de arbitrariedades; deben evitarse abusos y ultrajes
a personas inocentes. A mayor autoridad moral de las fuerzas de seguridad,
corresponderá mayor colaboración con la justicia por parte de los ciudadanos.
Es necesario que los
funcionarios del sistema de Procuración de Justicia sean gente que no tenga trayectoria
de impunidad y que se mantenga el principio jurídico de que: "se es
inocente hasta que se demuestre lo contrario". Porque ahora vemos que los
detenidos son exhibidos ante los medios, antes de ser consignados a la
autoridad jurisdiccional y que se abusa de la figura del arraigo.
0 comentarios:
Publicar un comentario