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BENEFICIA A DETERMINADOS PENSIONISTAS
El Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) dictó disposiciones reglamentarias para el
otorgamiento de 400 soles por concepto de bonificación por escolaridad para los
funcionarios y servidores públicos, así como para determinados pensionistas.
Mediante Decreto Supremo 002-2018-EF, publicado hoy
miércoles 10 en El Peruano, se establecen estas disposiciones para entregar la
bonificación por escolaridad, que se abonará por única vez en la planilla de
pagos de enero del 2018, como fue fijado por la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018.
La norma indica que la bonificación por escolaridad se
financiará con cargo a los créditos presupuestarios asignados para dicho fin en
el presupuesto institucional de las entidades públicas.
Se otorga esta bonificación por escolaridad a favor de
los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el ré-gimen del
Decreto Legislativo 276 y la Ley 29944; de los docentes universitarios a los
que se refiere la Ley 30220 y del personal de la salud contempla-do en el D. Legislativo
1153.
También favorece a los obreros permanentes y
eventuales del sector público, al personal de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional del Perú, y a los pensionistas a cargo del Estado comprendidos
en los regímenes de la Ley 15117, los decretos leyes 19846 y 20530, el Decreto Supremo
051-88-PCM y la Ley 28091.
Los trabajadores del sector público que se encuentran
bajo el régimen laboral de la actividad privada perciben la bonificación por
escolaridad, conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley 30693 (Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018).
Los servidores penitenciarios perciben la bonificación
por escolaridad de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo
24 de la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.
Los auxiliares de educación nombrados y contratados en
las instituciones educativas públicas perciben la bonificación por escolaridad,
conforme a lo establecido en la ley que regula la política remunerativa del auxiliar
de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley de
Reforma Magisterial.
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