Por: Dr. Luis
Solari Oliva (*).
El año 2014 fue denominado por los medios como "el
año de la corrupción”, y razones no le faltan, inclusive este año la cosa
pública continúa igual. Al respecto, por cultura general deberíamos conocer
algunos puntos sobre esa lacra social que campea en todos los estamentos del Estado.
Es en el latín
donde podemos establecer a donde se encuentra el origen etimológico del término
corrupción. En concreto emana del vocablo “corruptio”, que está conformado por los
elementos: El prefijo “con”, que es sinónimo de “junto”; el verbo “rumpere”, que significa “hacer pedazos”; y el
sufijo “tio”, que equivale a
“acción y efecto”.
Corrupción es la
acción y efecto de corromper (pervertir, depravar, sobornar a alguien, echar a
perder, dañar).
Se define a la
corrupción como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado.
También, como aquellos actos racionales ilegales, ilegítimos y no éticos por
parte de servidores públicos (también extensivo a particulares o privados), en
perjuicio del interés común de la sociedad y en beneficio de un interés
egoísta.
Dentro de los
tipos de corrupción, los más comunes son: Extorsión - se da cuando un servidor
o funcionario público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o
directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle una recompensa.
Soborno.- es cuando un ciudadano entrega a un servidor o funcionario público, determinada
cantidad de dinero, con el propósito de obtener una respuesta favorable a un
trámite o solicitud. Fraude o Peculado - se da cuando servidores o funcionarios
públicos se apropian o venden o hacen uso ilegal de bienes del Estado que les
han confiado para su administración. Colusiones.- es la asociación delictiva
que realizan servidores o funcionarios públicos, con contratistas, proveedores
y/o arrendadores, con el objeti-vo de obtener recursos y beneficios ilícitos, a
través de concursos amañados o sin realizar estos. Tráfico de influencias.- se
da cuando un servidor o funcionario público utiliza su cargo actual o sus nexos
con funcionarios o integrantes de los poderes del Estado, para obtener un
beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u
organización.
Las principales
consecuencias de la corrupción, es que favorece la consolidación de élites y
burocracias políticas y económicas; erosiona la credibilidad y legitimidad de
los Gobiernos; reduce los ingresos fiscales y recursos públicos, y afecta al
desarrollo y bienestar social, propicia una cultura de la corrupción y su proliferación,
entre otras.
Las estadísticas
oficiales dan cuenta que de las 16,000 denuncias en el país por temas de corrupción,
sólo hubo 200 Sentenciados y solamente 25 con prisión efectiva. Que dicen los
señores del P.J., del M.P. y Procuradores. Y los señores de los órganos de los
Sistemas de Control o Fiscalización como el Congreso, la Contraloría, la Ocma,
el C.N.M., F.S.C.I.M.P. la Comisión Anti-corrupción no dicen esta boca es mía.
Trayendo a
colación esto, se debe de indicar que según también las propias Estadísticas en
nuestro país, dentro de las Instituciones más corruptas tenemos al Poder
Judicial, al Congreso, a la Policía Nacional y al Poder Ejecutivo, entre otras,
volviéndose esto recurrente año tras años. Situación por la cual sino existe un
efectivo autocontrol dentro del propio Estado, toca a la Sociedad Civil, o sea
a nosotros a contribuir de alguna u otra manera a atacar frontalmente contra
este “cáncer” de la corrupción que corroe y afecta tremendamente el desarrollo
de nuestra Nación y de nuestra Región.
(*) Abogado.
Tf. Mv.
956-996333.
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