A escasas horas de la segunda elección
regional a realizarse mañana domingo 7 de diciembre, la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) advirtió que el Código Penal, en su artículo
354, establece pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años
para quien, con violencia, perturbe o impida que se desarrollen los comicios.
El organismo electoral indicó que ha
realizado las coordinaciones necesarias con la Policía Nacional y la Fuerzas
Armadas para prevenir los actos de violencia perpetrados en los comicios del 5
de octubre pasado en algunos distritos del país.
Tras indicar que de volver a ocurrir hechos de
esa naturaleza estos serán denunciados, refirió que el artículo 359 del mismo
código castiga con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho
años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso
electoral falsifica o destruye, de cualquier modo, en todo o en parte actas de
escrutinio.
En su calidad de máxima autoridad en la
organización y ejecución de los procesos electorales, la ONPE recordó que el
Código Penal (artículo 365) reprime con pena privativa de libertad no mayor de
dos años a quien, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide
a una autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o
le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el
ejercicio de éstas.
Se indica, que durante las elecciones
regionales y municipales del 5 de octubre, se registraron más de 200 incidentes
que califican como presuntos delitos contra la voluntad popular, bajo la modalidad
de atentado contra el derecho al sufragio, suplantación de votantes,
sustracción y destrucción de material electoral y disturbios.
También bajo la modalidad de violencia
contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, perturbación al
proceso electoral, así como sustracción y destrucción de cédulas de sufragio y
de actas elec-torales.
Para impedir que los actos de violencia
perpetrados en aquella jornada electoral queden impunes y, sobre todo, no
vuelvan a repetirse en la segunda elección regional, la Procuraduría del
organismo electoral interpuso, hasta la segunda se-mana de noviembre, 83
denuncias penales contra los que resulten responsables de los presuntos delitos
contra la voluntad popular, cometidos durante dichos comicios.
Las denuncias penales fueron
presentadas en las fiscalías provinciales de 21 regiones: Amazonas, Ancash,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La
Libertad y Lambayeque. También en Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín,
Tacna, Tumbes y Ucayali.
De todas estas circunscripciones, la mayor
cantidad de denuncias fueron formuladas en Lima (13), Loreto (10), Huánuco (9),
San Martín (7), Piura (6) y La Libertad (5). Con cuatro denuncias aparecen las
regiones Cusco, Ancash y Amazonas, respectivamente; y las otras restantes
corresponden a las demás regiones.
Para prevenir que se repitan estos hechos, la
ONPE ha realizado coordinaciones con las fuerzas de seguridad a fin de brindar
las medidas de seguridad necesaria a los centros de votación y a los locales de
las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y los Jurados
Electorales Especiales (JEE).
El organismo electoral exhortó a los diversos
actores electorales a desempeñarse de manera democrática antes, durante y
después de los comicios, y a utilizar los canales establecidos por ley para
canalizar sus eventuales reclamos.
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