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Existe el riesgo de que consejeros regionales cuenten con fondos limitados para
la función de control
La Contraloría General ha identificado a diez
gobiernos regionales que no vienen incorporando en su Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos para que el
Consejo Regional fiscalice su gestión. En la lista se encuentran Ama-zonas,
Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de
Dios.
De acuerdo con la normativa
vigente, los gobiernos regionales deben destinar al Consejo Regional como
mínimo el 1 % del presupuesto asignado para gastos y servicios de los recursos
ordinarios, con la finalidad de que cuenten con la capa-cidad logística y el
apoyo profesional necesario para el ejercicio de sus funciones de
fiscalización. Sin embargo, al 15 de junio de 2026, no vienen cumpliendo con
esta obligación legal.
Según los informes de control, los diez gobiernos regionales debieron destinar como mínimo para las actividades de fiscalización de sus consejos regionales un total de S/ 12 406 295.12. No obstante, se verificó que solo habían asignado S/ 6 646 197.00; es decir, 53.6 % (en promedio) de lo que corresponde de acuerdo con la Ley n.° 31812.
El Gobierno Regional de Ica
consignó S/ 376 163 cuando correspondía S/ 695 450.76.
El Gobierno Regional de Ayacucho
asignó S/ 988 288 de S/ 1 154 642.67 que correspondía para la función de
fiscalización.
Al no asignarle los recursos
necesarios que les corresponde por ley, existe el riesgo de que se vea limitada
la función fiscalizadora de los consejeros regionales.
De acuerdo con el artículo 15 de la
Ley n° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, los
consejeros regionales elegidos por sufragio directo tienen entre sus
atribuciones fiscalizar la gestión pública del gobierno regio-nal
La Contraloría General ha
comunicado a los titulares de los gobiernos regionales los resultados del
servicio de control a fin de que adopten oportunamente las medidas preventivas
y correctivas a fin de no limitar presupuestalmente la función fiscalizadora
del Consejo Regional.

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