• Medida regirá durante 60 días. Policía Nacional estará a cargo del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Tras la visita
de trabajo del presidente José Jerí a Pisco, el Gobierno declaró estado de
emergencia por 60 días en dicha provincia de la región Ica, a través del
Decreto Supremo N° 004-2026-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales
del Diario Oficial El Peruano.
Durante dicho periodo, la Policía Nacional mantendrá el
control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las
zonas de intervención.
Además, se dispuso la restricción o suspensión del
ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del
domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión
y libertad y seguridad personales.
Para la realización de las actividades religiosas,
culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se deberá
solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su
evaluación. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin
necesidad de permiso previo.
De igual forma, en tanto dure el estado de emergencia,
se declaró en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana
(Coresec) de Ica y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de
Pisco.
Asimismo, se dispuso la formación del Comando de
Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como los Comités de Coordinación
Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización
(CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya
participación es indelegable.
El comando y los comités establecerán un centro de
coordinación permanente que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, integrando recursos humanos y tecnológicos necesarios.
Las fuerzas integradas, formadas por la Policía
Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán
el control territorial en zonas críticas determinadas con base en el mapa del
delito, información de inteligencia, registros estadísticos y otros
instrumentos técnicos.
Además, habrá patrullaje disuasivo motorizado de las
fuerzas integradas en zonas estratégicas, operativos de control de identidad,
búsqueda y captura de requisitoriados mediante el control de identidad, entre
otras medidas.
El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José
Jerí; del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez; y de los ministros de
Defensa, César Díaz Peche; de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; del
Interior, Vicente Tiburcio; y de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.

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