FORSUR liquida proceso de reconstrucción en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Dando cumplimiento a lo normado por la Ley N° 29800, el FORSUR en su etapa final de existencia, con un equipo profesional de trabajo, se ha adscrito a la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, de donde seguirá brindando asesoramiento técnico, monitoreo y seguimiento para culminar y liquidar las 42 obras que aún se encuentran pendientes, los mismos que están ubicados en Cañete y Yauyos 4, en Ica, Pisco y Chincha 16, asimismo, en Huaytará, Castrovirreyna y Huancavelica 22, siendo 911 los proyectos  atendidos, con una inversión total de 1.097 millones de soles y habiéndose culminado a la fecha, un total de 869 obras.

Así informó el Arq. Carlos Maldonado Herrera, Director Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda y Presidente Ejecutivo del FORSUR, invocando  a las autoridades regionales, alcaldes provinciales y distritales, para que culminen las obras pendientes y efectúen las liquidaciones de las obras culminadas, demostrando transparencia en el uso del dinero del Estado.

Señaló que entre las obras principales que aún se encuentran en ejecución es el nuevo Centro Penitenciario y dos instituciones educativas en Chincha, los proyectos de agua potable y saneamiento de los distritos de La Tinguiña, Salas, San Juan, Yauca del Rosario y Comatrana de Ica, en Yauyos, centro de salud y una institución educativa, en Cañete, un proyecto de agua potable y saneamiento, asimismo, en Huaytará, Castrovirreyna, Ticrapo y Huancavelica, 10 instituciones educativas, 5 proyectos de salud y 2 proyectos de agua potable y saneamiento.

Los proyectos priorizados, financiados o cofinanciados por FORSUR, por sectores se puede señalar que en Salud se ha atendido 57 obras, Educación 482, Agua y Saneamiento 250, Urbanismo 64, Producción 49 y 9 en etapa de emergencia.

Finalmente, el Arq. Maldonado Herrera afirmó que FORSUR viene cumpliendo con otorgar la documentación correspondiente que solicita la Contraloría General y la Comisión de Investigación del Congreso de la República, a fin de que se pueda conocer la capacidad operativa de algunas unidades ejecutoras, en base a presuntas irregularidades cometidas.

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