sábado, 8 de septiembre de 2018

Mayor número de alertas ciudadanas denuncian presunto uso indebido de oficinas y recursos públicos para propaganda electoral



El presunto uso de oficinas y recursos públicos con fines de propaganda electoral encabeza el ranking de alertas reportadas por los ciudadanos a través del programa POSTULA CON LA TUYA, de la Contraloría General de la República.
Por incurrir en esta prohibición, que se enmarca como una infracción muy grave, podría recaer en la autoridad, funcionario o servidor público involucrado, hasta cinco años de inhabilitación para ejercer la función pública.
Del 7 de agosto al 3 de setiembre del presente año, se han reportado 159 alertas a través de la plataforma web www. postulaconlatuya.pe
De dicha cantidad, 142 han sido admitidas y calificadas como Alerta Ciudadana Electoral, 9 han sido derivadas a la Subgerencia de Denuncias y Participación Ciudadana de la Contraloría para que continúen un procedimiento regular por no estar relacionadas con el programa, y 8 recientemente ingresadas, están en evaluación.
La prohibición que encabeza el ranking representa el 29.1% de las alertas ciudadanas electorales que se enmarcan en el programa. En segundo y tercer lugar del ranking figuran otras prohibiciones relacionadas con permitir que servidores públicos del Estado realicen propaganda electoral en horario de oficina (23.6%), y el uso de vehículos, máquinas o equipos públicos con fines electorales (16.4%)
Le siguen entre otras prohibiciones, disponer de dinero de caja chica, recursos directamente recaudados u otros fondos públicos para financiar actividades con fines electorales (10.9%), permitir que terceros utilicen oficinas y recursos públicos para propaganda electoral (9%), usar recursos públicos para elaborar propaganda electoral, como papelería, pintura, tintas de impresora (6.4%) y distribuir con fines electorales, material adquirido con recursos públicos, donaciones o fondos provenientes de la cooperación internacional (5.5%).
EN DEPARTAMENTOS
A nivel departamental, 101 alertas recibidas por POSTULA CON LA TUYA fueron derivadas a la Subgerencia de Control de Lima y Callao, así como a las Gerencias Regionales de Control de La Libertad, Lima Provincias, Arequipa, San Mar-tín, Tumbes, Apurímac, Caja-marca, Huancavelica, Ica, Ju-nín, Pasco, Piura, Tacna, Án-cash, Cusco, Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, Moquegua, Puno y Ucayali.  Del mismo modo, 9 de éstas fueron remitidas al Jurado Nacional de Elecciones u otra entidad pública.
Las jurisdicciones distritales de Lima Metropolitana que registran la mayor cantidad de alertas son San Miguel (14.7%), Comas (11.8%), Chorrillos y San Martín de Porres (ambos con 8.8%), seguido por Ate, Cercado de Lima, Cieneguilla, Lurigancho, Pucusana, Rímac y Pachacámac (con 5.9% cada uno).
Hay 32 alertas reportadas que fueron archivadas por error en el registro o no estar enmarcadas en el programa Postula con la Tuya, así como por no presentar suficiente información que permita continuar con la verificación de la alerta. Sin embargo, la Contraloría viene realizando acciones preventivas a nivel nacional, con el fin de que los funcionarios conozcan las prohibiciones en periodo electoral y verificar preventivamente el buen uso de los recursos públicos.
Una vez recibida la alerta, la Contraloría realiza una evaluación respecto a su relación con una de las prohibiciones en materia electoral, así como en la calidad de la evidencia. Luego a través de sus Gerencias Regionales de Control que se encuentran en todo el país, recopila la información necesaria para que, en el caso de corresponder; se pueda dar inicio a una acción de control por parte de los Órganos de Control de la entidad intervenida.
De hallar evidencias de uso indebido de recursos públicos, se iniciará Auditorías de Cumplimiento sobre los hechos irregulares específicos con identificación de presunta responsabilidad, que originaría a su vez Procedimientos Administrativos Sancionadores en contra de las autoridades, funcionarios y servidores públicos involucrados.
POSTULA CON LA TUYA
Permite a los ciudadanos ser partícipes del control social y alertar si las autoridades, funcionarios o servidores públicos hacen uso indebido o irregular de dinero o bienes del Estado para fines proselitistas o de propaganda electoral, lo que está terminantemente prohibido.

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