Por:
Oscar Velit Bailetti
En el Perú, la inseguridad ciudadana
contribuye, junto a otros problemas, a deteriorar la calidad de vida de las
personas. Según el Ministerio del Interior, la percepción de la población sobre
la seguridad ciudadana es negativa. Más del 80% de personas encuestadas
respondieron que en la ciudad, el delito había aumentado. Las tres formas de
delito que la población asocia con los problemas de seguridad ciudadana son:
(i) las violaciones, acosos y abusos sexuales; (ii) la violencia callejera, el
asalto con armas, la venta de drogas; y (iii) los secuestros.
Se
reporta, asimismo, que la percepción de inseguridad ciudadana guarda estrecha
relación con el consumo inmoderado de alcohol y de sustancias ilícitas.
Sobre
violencia callejera y pandillaje, el Ministerio del Interior informó de la
existencia de pandillas, cuyos integrantes se ubican dentro
del 21% de jóvenes entre los 15 y 18 años que no estudian ni trabajan. El
incremento porcentual de la población en edad de trabajar, requiere de
inversiones necesarias para crear oportunidades de trabajo productivo. De no
ser así, se intensificarán los problemas de delincuencia y otros males
sociales. Según estadísticas del Ministerio del Interior, en el año se registran
delitos, de los cuales fueron
delitos contra el patrimonio, delitos
contra la vida, el cuerpo y la salud de las personas, delitos contra la
libertad (violencia sexual y contra la libertad personal) delitos contra la seguridad pública (tráfico
ilícito de drogas, microcomercialización de drogas, tenencia ilegal de armas y
otros).Algunas medidas a tener en cuenta:
1.
Prevenir, disuadir y sancionar las conductas y las prácticas sociales que
afectan la tranquilidad, la integridad y la libertad de las personas, así como
la propiedad pública y privada. Propiciar una cultura cívica de paz, de respeto
a la ley y las normas de convivencia. Garantizar la presencia efectiva del
Estado en las zonas vulnerables a la violencia. Promover el sistema de seguridad
ciudadana en la provincia, distritos y AAHH.
2.
En el Perú, los rezagos del terrorismo aún mantienen una actividad influyente y
peligrosa en las zonas declaradas en estado de emergencia, como las del valle
del Huallaga y el VRAE, donde realizan acciones armadas contra las fuerzas del
orden y su permanencia se ve favorecida por la ausencia de organismos del
Estado y por tratarse de territorios agrestes y alejados. El Estado debe garantizar
la paz social y el control de todo tipo de violencia.
Ello demanda políticas claras, integrales, de orden económico, social, cultural
y de gestión estratégica.
3.
Acerca de la Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional. El Estado debe garantizar
la paz social y el control de todo tipo de violencia. Ello demanda políticas
claras, integrales, de orden económico, social, cultural y de gestión
estratégicacontribuyendo así a un clima de paz y seguridad.
La
sociedad peruana no tiene una adecuada conciencia de la seguridad; considera la
defensa como una tarea exclusiva de las Fuerzas Armadas, cree que la defensa
nacional no es prioritaria y no ve con claridad la relación entre la defensa y
el desarrollo. Por ello, es necesario fortalecer el Sistema de Seguridad y
Defensa Nacional, teniendo como base fundamental la educación que en materia de
seguridad y defensa nacional es obligatoria en todos los niveles y modalidades
del sistema educativo nacional.
Estudios
sobre la administración de justicia en el país indican que su inadecuado funcionamiento
es un freno para el desarrollo económico, político y social. Actualmente, se ha
diseñado el Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia
para la Mejora de los Servicios brindados a la Población Peruana (PMSAJ), que
constituye la propuesta más profunda y sistémica de los últimos años, por la
ausencia de intencionalidad política de intervención, y por la participación de
todas las instancias involucradas en la administración de justicia, incluyendo
a la sociedad civil. El objetivo general del PMSAJ es incrementar el acceso, la
productividad y la calidad de los servicios de las entidades del Sistema de
Administración de Justicia (aumentar la cobertura y productividad, reducir la sobrecarga
judicial en zonas necesitadas e incorporar las perspectivas interculturales y
de sexo en la prestación de servicios). Asimismo, se busca fortalecer la
articulación de las instituciones del Sistema de Administración de Justicia (Poder
Judicial, Ministerio de Justicia y Policía Nacional del Perú), así como la
debida capacitación en problemáticas específicas de cada zona, y la adopción de
nuevas técnicas o soluciones.
Es
necesario trabajar en el desarrollo de un sistema de justicia integrado sobre
la base de la autonomía de las instituciones que lo conforman, accesible y
confiable para el ciudadano.
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