ACUERDO FUE FIRMADO POR PRESIDENTE
DE LA CORTE SUPREMA Y VICEMINISTRO DE POBLACIONES VULNERABLES
Los expedientes judiciales
que involucran a personas con discapacidad tendrán atención preferencial en los
servicios de administración de justicia, gracias a un convenio suscrito el día
de ayer lunes..
El acuerdo de cooperación interinstitucional fue firmado por el Poder
Judicial y el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad
(CONADIS), con la finalidad de hacer más accesible la justicia para este sector
de la población en condición de vulnerabilidad.
Dicho documento, suscrito por el presidente de la Corte Suprema, Duberlí
Rodríguez Tineo y el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Mario Alberto
Ríos Espinoza, permitirá insertar a las personas con habilidades especiales en
el aplicativo informático de Alerta Judicial de Atención Preferente para
Adultos Mayores.
Este sistema funciona de manera semejante a un semáforo, para alertar a los
magistrados sobre la preferencia que deben tener los expedientes que involucran
también a las personas con discapacidad de diferentes edades.
Con este convenio podrán desarrollarse acciones conjuntas para que el
Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables pueda acceder
al listado de las personas con discapacidad a cargo del CONADIS, informó su titular,
la juez suprema, Janet Tello Gilardi.
La magistrada explicó que en nuestro país conviven más de un millón y medio
de personas con discapacidad, equivalente al 5,2% de la población nacional. De
esa cantidad 750,600 son hombres y 820,700 son mujeres.
En tanto que 129,700 personas son menores de 15 años, 651,300 tienen de 15
a 64 años. Del total 794, 200 son mayores de 65 años de edad.
El presidente del Poder Judicial destacó la importancia del acuerdo de
cooperación al ratificar el compromiso de su gestión por impulsar acciones a favor
de las poblaciones más necesitadas y en condición de vulnerabilidad.
En ese sentido, sostuvo que resulta necesario firmar próximamente convenios
específicos con la finalidad de concretar es-tos compromisos, llevarlos a la
obra y que no queden “en letra muerta”.
Por su parte, Ríos Espinoza dijo que el censo programado para este año permitirá
conocer el número exacto de personas con discapacidad y el grave déficit de accesibilidad
que enfrenta nuestra sociedad.
La vigencia del convenio es de dos años y podrá ser prorrogado previo
acuerdo de ambas partes involucradas en este acuerdo.
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